Wilson Camacho deplora la temeridad de algunas defensas que se dedican a hacer planteamientos irracionales en los tribunales.
Santo Domingo, República Dominicana.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió este martes la solicitud del Ministerio Público e impuso 18 meses de prisión preventiva al general Julio Camilo De los Santos Viola (FARD), uno de los oficiales imputados por corrupción administrativa en el Caso Goral 5G.
El procurador adjunto Wilson Camacho consideró la medida de coerción proporcional frente a la gravedad de los hechos imputados por el Ministerio Público, así como por la contundencia y abundancia de las pruebas aportadas por los fiscales frente a los pírricos presupuestos presentados por la barra de la defensa.
“Es justo señalar que en estos procesos hay defensas que se dedican a hacer planteamientos irracionales en los tribunales, para que luego, cuando los jueces imponen la racionalidad y el derecho, salir a criticarlos”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Estos abogados deben seguir siendo aplastados por la fuerza de la verdad y la razón”, acotó.
Camacho se refirió a la decisión que envía a prisión al militar al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Al admitir de manera completa la petición del Ministerio Público, la magistrada Kenya Romero le impuso al general De los Santos Viola el cumplimiento de la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de la provincia San Cristóbal, y además declaró el caso de tramitación compleja. La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el próximo 14 de marzo de 2022.
El Ministerio Público establece que el general De los Santos Viola cometió desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Desde su arresto el pasado mes, el encartado utilizó de manera infructuosa una serie de recursos con el objetivo de evitar el proceso, incluyendo recusaciones a la jueza Romero, presentación de dos hábeas corpus y una instancia ante el Tribunal Constitucional y desplegar una campaña difamatoria en contra de jueces, fiscales y la Cámara de Cuentas.
A pesar de esas acciones, el imputado no logró su objetivo por la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el transcurso del proceso, las cuales llevaron al tribunal a imponerle la prisión preventiva que solicitó el órgano persecutor y cuya decisión dio a conocer la tarde de este martes.
La pasada semana la jueza Romero impuso medidas de coerción a 12 vinculados a la red de corrupción administrativa desmantelada en noviembre pasado con la Operación Coral 5G, incluyendo a los también generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como a otros altos oficiales del cuerpo del orden.
Los oficiales militares cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Durante las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
Más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el Caso Coral 5G fueron aportadas al tribunal, destaca el comunicado de prensa a través del cual se ofreció la información.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les han ocupado hasta el momento más de 100 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
