- Contempla reforma a la Constitución.
- Recuperar el patrimonio robado.
- Crear un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público.
- Limitar discrecionalidad en el uso de fondos públicos.
- Revertir el deterioro institucional del país.
Santo Domingo, República Dominicana–El presidente Luis Abinader presentó este miércoles el Plan Integral de Reformas Institucionales, compuesto por un conjunto de iniciativas sin precedentes en el país, para enfrentar la corrupción a todos los niveles y recuperar el patrimonio público robado.
En un acto celebrado en el Palacio Nacional, el presidente Abinader dijo que a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos creará las bases de un nuevo Estado, uno fuerte, plural y transparente, en el que el ciudadano constituya el centro de la atención pública.
Adelantó que estas medidas en la lucha contra la corrupción se engloban en un paquete más amplio de reformas institucionales que se irán presentando en los próximos meses.
Instituciones democráticas: “Como ven, el propósito que nos marcamos con este plan es el de cambiar ya, y para siempre, nuestro país”, enfatizó en el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción.
Explicó que las iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales instituciones de democracia, de manera que a partir de su aprobación se pueda decir que el futuro del país jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder o de un partido político concreto.
Consideró que las medidas deben revertir radicalmente el proceso de deterioro institucional del país. Además, reveló que no han faltado quienes le recomiendan que no eche a andar estas iniciativas, bajo el alegato de que limitan considerablemente la capacidad de acción del Poder Ejecutivo y del propio presidente de la República.
Institucionalidad: “Sin embargo, para quien les habla, ninguna otra acción del Gobierno que presido es tan trascendente y necesaria como esta para marcar el nuevo rumbo de progreso y modernidad que merece nuestro país”, sostuvo.
Al acto asistieron diversas personalidades de la vida nacional y altos funcionarios del Gobierno, incluyendo la vicepresidenta de la República Raquel Peña y ministros, encabezados por José Ignacio Paliza, así como directores generales y directores de medios de comunicación.
Abinader planteó que, históricamente, la República Dominicana no ha tenido una cultura de promoción y respeto de la institucionalidad, y que eso ha debilitado la confianza de la población en la democracia.
Recuperar lo robado: Abinader aseguró que las propuestas no quedarán solo en el deseo de un futuro distinto en las prácticas de la administración pública, sino que también encarnan el compromiso de recuperar el patrimonio que pueda haber sido obtenido mediante actos de corrupción y que pertenece a todo el pueblo dominicano.
Informó que impartió instrucciones para contratar, en lo inmediato, a un equipo de abogados para que, como actores civiles, acompañe al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de corrupción y procuren la recuperación de ese patrimonio robado.
Dijo que esto no implicará una intromisión del Gobierno en la labor del Ministerio Público, sino el cumplimiento de la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de todos los dominicanos.
Patrones delictivos: Expresó que perseguirán en los próximos meses una pronta aprobación de una legislación penal moderna y coherente, que sancione los complejos patrones delictivos asociados a la corrupción administrativa.
Expuso que trabajarán para que los procesos de compras y contrataciones públicas se desarrollen en un marco de total transparencia, estandarización y eficiencia.
El presidente también anunció que en procura de acabar con la corrupción y el clientelismo trabajará sin descanso para poner fin a la falta de supervisión en la gestión de los distintos programas de asistencia social del Estado.
Comisión de Revisión: Para tales propósitos, dispuso la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social.
Indicó que la comisión presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.
“Con ello vamos a agilizar los procesos administrativos, racionalizar el desempeño, limitar la discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones y convertir las ayudas a la ciudadanía en un derecho y no en una limosna”, justificó.
Transparencia pública: Manifestó que, con carácter de urgencia, se desarrollarán las acciones que permitan a todos los ciudadanos disponer de toda la información pública relativa al estado de su dinero y sus ayudas, por parte de quienes las reciban.
Con relación a los funcionarios públicos que harán posible este cambio, garantizó que honrará el mandato constitucional relativo al establecimiento de criterios para asegurar una remuneración equilibrada de todos los cargos del sector público, incluyendo los de alto nivel.
“Velaré por la aplicación de la Ley sobre Regularización Salarial del Estado dominicano y la indexación de los niveles salariales según el Índice de Precios al Consumidor del Banco Central”, precisó.