Informe de Amnistía Internacional verificó un aumento de acciones estatales que atentan contra la libertad de expresión y asociación y obstáculos al ejercicio del derecho de reunión pacífica, la participación en asuntos públicos y el acceso a la información pública, entre otras medidas abusivas que transgreden los derechos humanos y amenazan el espacio cívico
Washington, EEUU — El Salvador está experimentando una alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional al publicar su nuevo informe, Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador.
El espacio cívico bajo ataque
La organización también verificó un aumento de acciones estatales que atentan contra la libertad de expresión y asociación y obstáculos al ejercicio del derecho de reunión pacífica, la participación en asuntos públicos y el acceso a la información pública.
Entre las principales tácticas que las autoridades han utilizado para estos fines están: 1) un discurso mediático gubernamental, orientado a la estigmatización de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y la transparencia; 2) el acoso al oficio del periodismo y a cualquier forma de disidencia o crítica; 3) el ocultamiento y manipulación de información pública;
Además, 4) el uso de tipologías penales vagas que podrían poner en riesgo a personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas; 5) la exhortación, por parte de instituciones estatales, de razones de orden público o de seguridad nacional, para violar o impedir el ejercicio de derechos humanos; y 6) la instrumentalización de las facultades de algunos ministerios, y la aplicación de controles excesivos hacia medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.
Los principales blancos de estas tácticas han sido personas defensoras de derechos humanos, los medios de comunicación y periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas y operadores de justicia que han mostrado independencia y apego a los principios de legalidad y respeto al Estado de Derecho.
Incidentes alarmantes
El informe precisa que los incidentes más alarmantes en un contexto de suspensión de derechos han involucrado el uso del régimen de excepción para criminalizar voces críticas, hasta la fecha aquellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio, los recursos naturales, los derechos laborales y con el fortalecimiento de la cohesión social a nivel comunitario.
Todos estos elementos han generado un entorno que favorece un incremento de la desinformación y de un discurso institucional que promueve la discriminación, la hostilidad y la violencia como respuestas a la mera crítica y a la disidencia. Además, está aumentando la adopción de patrones de autocensura y autoexilio de quienes, al ser víctimas de violaciones a sus derechos, no encuentran en las instituciones estatales una respuesta para garantizar su protección.
Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta al Estado salvadoreño a poner fin a las políticas de seguridad represivas. Esto incluye cesar las violaciones de derechos humanos resultantes de la aplicación del régimen de excepción y derogar las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan garantías judiciales.
La organización recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida tomada en situaciones excepcionales que amenacen la independencia o seguridad del Estado debe estar estrictamente limitada a las necesidades de la situación y respetar el principio de no discriminación.
La entidad subraya que los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la libertad y seguridad personal son inalienables y nunca pueden ser suspendidos.
También se recomienda garantizar un retiro ordenado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil. Amnistía Internacional recuerda al Estado la necesidad de garantizar que las instituciones judiciales operen con plena independencia y autonomía, asegurar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y cesar cualquier forma de restricción, estigmatización o criminalización de voces críticas y disidentes.
Además, la organización llama a la comunidad internacional a mantener una posición firme y sostenida respecto a los retrocesos que en materia de derechos humanos se están registrando en El Salvador, instando a las autoridades a acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas.
