El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresaron su preocupación.
Miami, EE.UU.–La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su alerta por un presunto espionaje a 24 periodistas de distintos medios de comunicación de El Salvador, cuyos teléfonos celulares habrían sido infiltrados con el software Pegasus.
El martes, periodistas de La Prensa Gráfica, Diario de Hoy, El Mundo, El Faro, Revista Gato Encerrado y Disruptiva, así como directivos de organizaciones no gubernamentales y políticos de oposición, recibieron un aviso de seguridad de la empresa Apple. La notificación les advertía sobre que «un atacante patrocinado por el Estado es posible que pueda acceder de forma remota a sus datos confidenciales, comunicaciones o incluso a la cámara y el micrófono».
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresaron su preocupación. «El gobierno, de inmediato, debe investigar si alguna de sus agencias está patrocinando actividades ilegales de espionaje contra sus ciudadanos y críticos, lo que está penado en forma adecuada por la ley salvadoreña».
Canahuati, CEO de OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, expresaron que, de confirmarse, el uso del software Pegasus para espiar a los periodistas, «estamos frente a una grave violación a las libertades de expresión y de prensa, al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas».
En reiteradas oportunidades la SIP expresó preocupación por el uso de Pegasus por parte de gobiernos, como el de México, tema que fue abordado en su reciente asamblea en octubre.
En el artículo 7 de la Declaración de Salta sobre libertad de expresión en el ecosistema digital, la SIP establece: «Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso».
