La defensa técnica de Ángel Rondón Rijo señala que luego de la inadmisibilidad de las delaciones premiadas, hechas por ejecutivos de la constructora Odebrecht, el proceso que se sigue en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional “perdió todos sus cimientos probatorios de parte de la PEPCA, que se dedica a producir rachas o golpes de viento de poca duración para la prensa.”
Santo Domingo, República Dominicana. Las defensas técnicas de los imputados en el juicio Odebrecht lamentaron que el Ministerio Público dé continuidad a un “recurso efectista y con interés mediático” que consiste en anunciar incorporaciones de pruebas que carecen de consistencia, adolecen de integridad o constituyen violaciones al debido proceso.
En una declaración de prensa, el cuerpo de abogados de los imputados indicó que la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, (PEPCA), “sigue dando tumbos, saltando de números en números de pruebas” que al final resultan en un débil respaldo a sus pretensiones acusatorias.
Los profesionales del derecho se pronunciaron en esos términos ante el anuncio de la PEPCA de que incorporó 150 pruebas contra los procesados, pese a que se trata de documentos debatidos, conocidos y que no constituyen novedad ni revelaciones del proceso, algunos de los cuales resultan ser pruebas a descargo.
Insistieron en que luego de la inadmisibilidad de las delaciones premiadas, hechas por ejecutivos de la constructora Odebrecht, el proceso que se sigue en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional “perdió todos sus cimientos probatorios de parte de la PEPCA, que se dedica a producir rachas o golpes de viento de poca duración para la prensa.”
“En principio eran 1,700, después 700, luego 300; el miércoles 200 y el jueves, 150. Los números de la PEPCA no paran de cambiar, pero el sustento de las denominadas pruebas sigue el mismo trayecto, sobre arena movediza”, declararon los abogados.
En la audiencia del jueves, la defensa del imputado Ángel Rondón Rijo, los doctores José Miguel Minier, Emely Rodríguez y Fernán Ramos Peralta, pusieron objeción a la incorporación de varias pruebas documentales relativas a las empresas de su defendido.
Rodríguez sostuvo que las evidencias que pretendía incorporar el Ministerio Público en el tribunal en contra de Rondón vulneran la legalidad y que constituyen pruebas preconstituidas que violan la ley.
Afirmó, además, que los contratos y documentos enviados por las autoridades de Brasil al Ministerio Público de República Dominicana, que se buscan incorporar en el tribunal, no cumplen con la ley.
