Entre los sancionados figuran Elsy Dueñas De Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Peréz Chacón, y Luis Javier Suárez Magaña, quienes son sindicados por los Estados Unidos como obstruyentes de las investigaciones por corrupción además de socavadores de la democracia.
Washington, DC.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó sobre las acciones tomadas con relación a 7 funcionarios centroamericanos por alegadas obstrucciones de investigaciones contra la corrupción y socavar la democracia en sus países de origen.
En la lista figuran, María Consuelo Porras Argueta de Porres, actual fiscal general de Guatemala, también los magistrados jueces, Elsy Dueñas De Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Peréz Chacón, y Luis Javier Suárez Magaña, actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
De acuerdo con el Secretario de Estado Antony J. Blinklen, «Estados Unidos está comprometido a apoyar a los pueblos del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor.»
«Para avanzar en esta prioridad, estamos añadiendo a siete individuos a la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte, que generalmente hace a estas personas no elegibles para visas y admisión en Estados Unidos. Estas designaciones responden a acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala.»
Informó que «la lista transmitida al Congreso detalla los siguientes ataques a la democracia y a las medidas anticorrupción:
El Salvador
Elsy Dueñas De Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Peréz Chacón, y Luis Javier Suárez Magaña, actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron los procesos o instituciones democráticas al aceptar ser nombrados directamente por la Asamblea Legislativa para conformar la Sala.
Los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima el 1 de mayo tras la toma de posesión de la Asamblea Legislativa recién electa. Después de ser instalados, los nuevos magistrados declararon que su instalación por parte de la Asamblea Legislativa había sido constitucional.
Los magistrados socavaron los procesos o las instituciones democráticas al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autoriza la reelección del Presidente, a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente los mandatos consecutivos en la Presidencia.
Guatemala
María Consuelo Porras Argueta de Porres, actual fiscal general de Guatemala, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en las investigaciones penales con el fin de proteger a sus aliados políticos y obtener un favor político personal.
El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basándose en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones sobre aliados políticos llevadas a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, incluso despidiendo indebidamente a su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y transfiriendo y despidiendo a los fiscales que investigan a la administración actual o al propio MP.
Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción. El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda informó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo contra ellos.
Estados Unidos continuará utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica.
Seguiremos colaborando con los funcionarios del gobierno que muestren una dedicación a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la gobernanza democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular.
«Y seguiremos apoyando a los pueblos de El Salvador y Guatemala en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias», concluye el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
