Al menos 10 ex funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina ha sido apresados en el país, a quienes la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción, Pepca, acusa de actos corruptos en contra del Estado dominicano.
Santo Domingo, República Dominicana. – Ex funcionarios del anterior gobierno de Danilo Medina, arrestados por presuntos casos de corrupción contra el Estado dominicano, bajo alegado del delito de testaferrato por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Pepca, califican y estarían bajo la «mirilla» del Gobierno norteamericano para ser sancionados con la aplicación de la Ley Magnitsky de los Estados Unidos, perder además el visado norteamericano y embargo de cuentas en el exterior, de acuerdo con los artículos de esta ley anticorrupción.
La Ley Magnitsky establece que el Presidente de los Estados Unidos, puede imponer sanciones a cualquier persona extranjera que con base en evidencia creíble, “sea un funcionario del Gobierno, o un asociado principal de dicho funcionario, que es responsable de, o es cómplice de ordenar, controlar o de otra manera dirigir actos de corrupción significativa, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, el soborno o la facilitación o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras.”
Las autoridades judiciales a través del Pepca, indica que Juan Alexis Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán, Freddy Hidalgo, Fernando Aquilino Rosa Rosa, todos ex funcionarios del pasado gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina, fueron apresados bajo imputación de ser testaferros, cometer actos de corrupción contra el Estado dominicano y acumular riquezas aprovechando sus vínculos familiares con el poder político en el país, de acuerdo con la entidad, uno de los puntos descritos en la Ley anticorrupción de los Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activo de Extranjeros, (Ofca) es la entidad mediante el cual se aplican las sanciones citadas, basados además en que «estos actos de corrupción socavan y amenazan la estabilidad de los sistemas económicos y políticos a nivel internacional, facilitan actividades de personas peligrosas y socavan mercados económicos», además de las implicaciones por violaciones de los Derechos Humanos que repercuten negativamente en los sistemas democráticos.
En el caso de la República Dominicana, fueron apresados sindicados por Pepca por delitos de corrupción y testaferrato, Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez, Juan Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén, este último ex Contralor General de la República y Domingo Antonio Santiago Muñoz, ingeniero vinculado al hermano del ex presidente Medina Sánchez.
Mientras que el exprocurador general de la República, Jean Alian Rodríguez, a quien según la Procuraduría General le fue impuesto un impedimento de salida, por una investigación en casos de corrupción de la pasada gestión, así como algunos de los exfuncionarios apresados, tienen visado de los Estados Unidos. De aplicárseles a todos la Ley Magnitsky podrían perder este visado. Ello incluye congelación de sus cuentas y embargo de bienes en el exterior.
De manera extraoficial, se conoce que algunos de los arrestados son propietarios de bienes inmuebles en la ciudad de Miami, muchos de los cuales estarían localizados en el Centro Financiero de Miami, Brickell.
Conforme la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos, hasta ahora se encuentran solo dos dominicanos, Ángel Rondón y Félix Bautista, actual Senador de San Juan de la Maguana, pero de comprobarse culpabilidad en los casos señalados, este número de dominicanos podría aumentar con nuevos nombres.
Testaferro
El testaferro representa un administrador de los bienes de otro individuo, pero este no tiene dominio sobre ello, pues la obtiene generalmente mediante la firma de un contrato simulado.
Mediante esta figura, la persona pone sus cuentas bancarias a disposición y otras posesiones para encubrir a la persona con la que realiza un contrato de compraventa. El autor de este delito de testaferrato, generalmente asume todas las responsabilidades que se deriven por la administración de los activos y si la fuente de los recursos proviene de actividades ilícitas, la persona que recibe los bienes mediante la simulación será responsable penalmente.