La empresa Google alcanza un millonario acuerdo con sus demandantes y evita un juicio bajo la acusación de rastrear en secreto el uso de internet de millones de personas
California, EEUU – La empresa tecnológica Google, de Alphabet, llegó a un acuerdo en una demanda en la que se le acusaba de rastrear en secreto el uso de internet de millones de personas que creían estar navegando de forma privada.
Yvonne González Rogers, jueza de distrito de Oakland, California, suspendió el jueves el juicio previsto para el 5 de febrero de 2024, tras el anunció de los abogados de Google y de los consumidores que habían llegado a un acuerdo preliminar.
Los términos no fueron revelados, pero los abogados dijeron que acordaron una hoja de términos vinculantes a través de la mediación, y esperaban presentar un acuerdo formal para la aprobación del tribunal el 24 de febrero.
Tanto Google como los abogados de los demandantes no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios, informa nuestra emisora aliada la Voz de América.
Los demandantes alegaron que los analíticos, las cookies y las aplicaciones de Google permitían a la unidad de Alphabet rastrear su actividad incluso cuando ponían el navegador Chrome de Google en modo «incógnito» y otros navegadores en modo de navegación «privada».
Dijeron que eso convertía a Google en un «tesoro de información irresponsable» al permitir a la empresa conocer sus amigos, aficiones, comidas favoritas, hábitos de compra y «cosas potencialmente embarazosas» que buscan en internet.
En agosto, Rogers rechazó la petición de Google de desestimar la demanda.
Dijo que era una cuestión abierta si Google había realizado una promesa jurídicamente vinculante de no recopilar datos de los usuarios cuando navegaban en modo privado.
La jueza citó la política de privacidad de Google y otras declaraciones de la empresa que sugerían limitaciones sobre la información que podría recopilar.
La demanda presentada en 2020 cubría a «millones» de usuarios de Google desde el 1 de junio de 2016 y pedía al menos 5.000 dólares en daños y perjuicios por usuario por violaciones de las leyes federales de espionaje telefónico y de privacidad en California.
