El Departamento de Tesoro, no obstante, debe emitir una licencia para permitir que se proceda con la venta.
Washington, D.C. – Un juez de una corte federal en Delaware aprobó el jueves la venta de activos de la refinería venezolana en EE.UU., CITGO, para satisfacer una deuda de de 1.400 millones de dólares que Venezuela tiene con la minera candiense, Crystallex.
El gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por EE.UU. como legítimo y que se hizo con el control de CITGO en el 2019, interpuso varios recursos legales para impedir o suspender la venta del activo.
Sin embargo, después de casi dos años de batalla judicial, el juez Leonard Stark, emitió una orden donde rechazó las objeciones del equipo legal de Guaidó y concedió la moción de Crystallex para la venta de activos de PDV Holding (la matriz de CITGO), informa la Voz de América.
Cada día que Crystallex no recibe una compensación monetaria a su demanda, escribió el juez Stark, “es un posiblemente una afrenta al sistema judicial estadounidense. Esos día deben llegar pronto a su fin”, escribió el magistrado.
El juez también citó a las partes del 22 de enero, la próxima semana, para discutir sobre cómo la corte procederá a la venta de los activos.
A pesar de la decisión, no obstante, es necesario que el Departamento de Tesoro de EE.UU. apruebe la solicitud de Crystallex de una licencia que permita la venta de los activos de CITGO.
El juez lo reconoce en el fallo “todos los involucrados en este litigio, incluyendo Crystallex, reconocen que [bajo la actual ley y política] se requiere una licencia específica de la la Oficina de Control de Activos Extranjeros antes de que se cierre cualquier venta de los activos”.
Crystallex ya presentó la solicitud y está a la espera de la respuesta del Tesoro estadounidense, según dijo el abogado de la compañía en una carta presentada por el abogado de la empresa ante el juez Stark en mayo del año pasado.
El gobierno de Nicolás Maduro ha criticado el proceso legal en EE.UU., asegurando que tanto los representantes de Guaidó como el gobierno estadounidense quieren “robarse” la compañía.
La disputa legal entre la quebrada empresa y el país suramericano se remonta al 2008, durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez, quien expropió Las Cristinas, una mina de oro al sureste del país, en el estado Bolívar, cuya explotación era manejada por Crystallex.
El caso llegó a la corte de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, quien en el 2016 otorgó un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares a Crystallex y que debía ser pagado por Venezuela en compensación por Las Cristinas.
