Joseph Abreu, de Participación Ciudadana, entrevistado en el programa El Despertador, dijo que al mismo Carlos Pimentel y a la misma Compras y Contrataciones los han acusados de ralentizar los procesos por la cantidad de recursos, por los procesos y lotes que suspenden por violaciones y reclamos que hacen otros proveedores.
Santo Domingo, República Dominicana – El coordinador de Participación Ciudadana expresó este miércoles que la ley de fideicomiso es «una pantalla» para buscar lo que siempre ha buscado la clase política, que es quitarse esa traba de la ley de Compras y Contrataciones.
Joseph Abreu, entrevistado en El Despertador, dijo que al mismo Carlos Pimentel y a la misma Compras y Contrataciones lo han acusados de ralentizar los procesos por la cantidad de recursos, por los procesos y lotes que suspenden por violaciones y reclamos que hacen otros proveedores.
«Viendo y leyendo el proyecto de ley, a mi particularmente que me considero un conocedor de manera sustantiva de los fideicomisos, no me queda claro cuál es la función específica que buscan, porque el espíritu de un fideicomiso es separar un patrimonio propio para declararlo autónomo y ponerlo en la administración de un tercero, sin embargo como está estructurado el proyecto de ley, el fideicomitente que viene siendo el Estado que aporta el patrimonio controla todos los aspecto de decisión del fideicomiso, entonces lo que se está usando básicamente es una pantalla, y tú te preguntas ¿con que fin?, si va a seguir controlando el patrimonio que está separando del tuyo», manifestó.
Dijo que se le ocurren dos posibles razones que pueden ser los objetivos que buscan con el proyecto de fideicomiso público, que en la contratación de deuda pública sea con garantía de ese patrimonio público, y otra es la flexibilización de los controles de contrataciones públicas.
«En el pronunciamiento que hizo el director de Compras y Contrataciones mencionaba que estos reglamentos iban a ser autorizados pero la ley no dispone eso, la ley dice que luego que se elabore se envía su registro a la dirección de Compras para su registro solamente y control. Obviamente ese reglamento elaborado por ese comité en el marco de fideicomiso no va a tener la capacidad de establecer sanciones por la violación de los principios», sostuvo.
Al ser cuestionado sobre qué piensa de la Junta Central Electoral que se ha quejado con relación a la aprobación en el Senado del proyecto de ley de Régimen Electoral, expuso que elementos preocupantes como el artículo 27 del proyecto indica que sometería a la Junta a un proceso de audiencia periódica en los periodo electorales para conocer casos abiertos que requieran los partidos constantemente.
«Algunas preposiciones de partido políticos entienden que este llamamiento se ha malinterpretado, sugieren que esto viene orientado a romper con el silencio administrativo que alegan la Junta mantuvo en el proceso electoral pasado, donde prácticamente no respondan ninguna disposición y ellos entienden que con esta medida el órgano electoral respondería de manera oportuna a esos requerimientos que ellos tienen de información».
«Eso era la preocupación que tenían la JCE y nosotros también que someter al órgano y al pleno, a esa audiencia periódica va a socavar su autoridad y la va a mantener siempre al vilo de una audiencia obligatoria para atender lo requerimiento de las posiciones políticas».
Agregó que también les preocupó el tema de que no se incluyó el aspecto como la paridad de género, el tema de los topes de gastos se mantuvo igual, el tema del voto preferencial en las alcaldías para los regidores y vocales, también el régimen sancionatorio en materia de información de la utilización de los fondos que reciben, y de los que utilizan en las campañas electorales tampoco se estableció.
Campaña proselitista
Se le preguntó que el partido del gobierno utilizó la Navidad para hacer campañas y que la oposición también lo está haciendo, estando prohibida, y aun así la JCE no aplicado sanción, comentó que se proyecta que habrá un aumento en gasto de publicad principalmente del Ministerio de la Presidencia y en la nómina pública y que en un año preelectoral eso genera preocupación.
¿Si todavía hubiese tiempo de modificar el proyecto de Ley Electoral, qué propone Participación Ciudadana para transparentar el origen de los recursos que utilizan los candidatos en campaña?
Abreu manifestó que apoyan la disposiciones que establece la JCE en materia de tope de gastos y sanción a los informe de gastos en campaña, tanto de los candidatos como de los partidos, pero que también hicieron un requerimiento que no se necesita una modificación de la ley de que los partidos políticos sean considerados sujetos obligados en materia de la ley de lavado de activo para las personas que les aporten fondos públicos y que deben hacer una debida diligencia de cuál es el origen de los fondos y de las personas que le hacen sus aporte de campaña asegurarse que el origen sea licito.
