La dirigente cívica Leidy Blanco afirmó que la transparencia no es solo presentar si no también encaminar los esfuerzos para poner fin a la impunidad en el país. Indicó que Contraloría está obligada por ley a identificar los resultados que puedan tener indicios de corrupción
Santo Domingo, República Dominicana – La coordinadora política de Participación Ciudadana (PC), Leidy Blanco, advirtió esta mañana a la Contraloría General de la República que su función no es solo presentar auditorías internas de las instituciones públicas, sino encaminar esfuerzos para acabar con la impunidad.
En ese sentido la dirigente cívica demandó que en las auditorías dadas a conocer donde se han detectado irregularidades, la Contralorías las entregue al Ministerio Público.
De esa forma Blanco coincide con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), quien pidió al organismo de control remitir al Ministerio Público los antecedentes de las instituciones públicas donde a través de las auditorías se han encontrado irregularidades.
La dirigente cívica afirmó que la transparencia no es solo presentar si no también encaminar los esfuerzos para poner fin a la impunidad.
Dijo que Contraloría está obligada por ley a identificar los resultados que puedan tener indicios de corrupción.
“La ley establece 10-07 en su artículo 14 habla muy claro de la competencia de la Contraloría como órgano de control interno, frente a auditorías que presenta, establece la responsabilidad de presentar las investigaciones con los antecedentes que justifiquen el apoderamiento como representante de la acción pública al Ministerio Público”, sostuvo.
Añadió que “no es solo realizar el control interno y las auditorías valiosas para identificar las irregularidades administrativas, sino también las faltas o los resultados que puedan tener indicios de corrupción”
Blanco dijo que la Contraloría General de la República cuenta con una Unidad Antifraude muy capacitada y que está realizando una buena labor en la institución de control interno.
Consideró que la decisión de dar a conocer las auditorías, en muchas de las que se detectaron irregularidades, es buena, pero que no bastan, se impone que donde hay indicios de corrupción sean tramitadas a la Procuraduría General de la República.
“La Contraloría cuenta con la unidad antifraude, que ha estado haciendo un ejercicio valioso para la prevención de la corrupción y también fortaleciendo los expedientes corrupción. Entendemos que la unidad antifraude, que es una unidad eficiente, va levantando indicios y debe entregarlos al Ministerio Público”, consideró Blanco.
Finjus
Ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), exhortó a la Contraloría General de la República remitir al Ministerio Público los antecedentes de las instituciones públicas donde a través de las auditorías se han encontrado irregularidades.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la institución, quien firma un comunicado de la institución señaló que “todas las actuaciones que realice este órgano rector de la fiscalización interna, deben ser apegadas a un marco legal y razonable para cada caso”.
“Por lo cual instamos a que todos los razonamientos que realice la Contraloría General sean atinados y pertinentes, destinando su archivo y control al Ministerio Público u órgano que corresponda cuando así lo considere”, resalta Finjus.
Las auditorías
Aunque suman 37 las auditorías dadas a conocer por la Contraloría General de la República en lo que va de esta gestión, donde se han detectados irregularidades, ni el Ministerio Público a través de su Procuraduría de Persecución de la Corrupción (PEPCA) ni la Cámara de Cuentas como órgano fiscalizador del Estado han dicho algo al respecto.
Tampoco la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que preside la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien también es asesora del Poder Ejecutivo en ética, transparencia y anticorrupción, se ha pronunciado al respecto.
El Ministerio Público que puede investigar atendiendo al rumor de la gente, no se conoce que haya iniciado alguna indagatoria sobre los hallazgos encontrados en instituciones del Estado.
