Greenspon: Alarma que el régimen tenga el descaro de usar los bienes del medio para fines propagandísticos.
Miami, EEUU — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró preocupación por el nuevo uso indebido, ilegal y anticonstitucional que el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua dará a las rotativas e instalaciones robadas al diario La Prensa. La organización alertó que el gobierno planea utilizar las prensas e instalaciones del diario para abrir un medio de comunicación oficial que publique la propaganda gubernamental.
El diario La Prensa se publica en forma digital fuera de Nicaragua desde que el gobierno tomó sus instalaciones el 13 de agosto de 2021, y el gobierno ahora está contratando personal que trabajaba para la empresa, debido a su conocimiento especializado en el uso de las prensas y demás equipos de producción del diario y de la imprenta comercial.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo que «alarma que, además de haber confiscado ilegítimamente y despojado los bienes de una empresa privada, el régimen tenga ahora el descaro de usar los bienes del medio para fines propagandísticos». Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, expresó: «No nos sorprende la naturaleza de un régimen que encarcela a periodistas por delitos inventados, fuerza al exilio a periodistas y que ha confiscado bienes e inmuebles para su beneficio».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que «un régimen como el de Ortega no está dispuesto a crear un medio público para que los ciudadanos reciban información imparcial y transparente sobre los actos del gobierno».
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: «Este es un nuevo intento para usar la maquinaria propagandística y las mentiras con el fin de seguir creando su propia narrativa para engañar al pueblo».
La SIP continúa con su campaña por la liberación de Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa, y la de los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, sentenciados a 13 y nueve años de cárcel.
También exige al gobierno que anule las sentencias de Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, miembros del directorio de La Prensa, y del periodista Jaime Arellano, condenados a ocho, nueve y 13 años, respectivamente».
La SIP continúa exigiendo al gobierno la devolución de las instalaciones de La Prensa, y de Confidencial y 100% Noticias, estos dos últimos medios confiscados en 2018.
Desde su fundación, La Prensa ha padecido cierres, el encarcelamiento de directivos y periodistas, bombardeo e incendio de sus instalaciones, censura, bloqueo aduanero a sus suministros y el asesinato de su director, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el 10 de enero de 1978.
El artículo 14 de la Constitución de Nicaragua prohíbe la confiscación de bienes e inmuebles. El valor comercial de los bienes usurpados a La Prensa se estima en alrededor de 20 millones de dólares estadounidenses.
En su edificio, el régimen instaló el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, a cargo del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec). Las sedes de Confidencial y 100% Noticias fueron convertidas en una casa materna y en un centro de atención para adictos, respectivamente.
El Índice Chapultepec de la SIP de agosto de 2021 a agosto de 2022 muestra a Nicaragua en el último lugar de los 22 países de las Américas analizados por su desempeño en las libertades de expresión y de prensa.
El Índice Chapultepec es un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en las Américas. La medición se hace sobre la base de los principios de las declaraciones de Chapultepec y Salta de la SIP.
