Así lo expresaron este jueves algunos expertos que participaron en un panel de la 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP), sobre el impacto de estas nuevas tecnologías de espionaje, según dijeron, usadas contra periodistas, opositores y ciudadanos de a pie.
Miami, Florida–El ciberespionaje a través de programas como Pegasus suponen una violación a los derechos humanos y son una poderosa herramienta contra el ejercicio periodístico que debe implicar un nuevo marco regulatorio, el cual debe estar enfocado en las víctimas más que en las empresas que fabrican estas herramientas.
Así lo expresaron este jueves algunos expertos que participaron en un panel de la 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el impacto de estas nuevas tecnologías de espionaje, según dijeron, usadas contra periodistas, opositores y ciudadanos de a pie.
“Hablamos de una nueva manera de impedir el libre desarrollo del periodismo”, señaló el director del semanario mexicano Proceso, Jorge Carrasco, uno de las presuntas víctimas de estos ataques, como destacó la organización del evento.
El pasado julio, una investigación de medios internacionales destapó que Gobiernos de varios países intervinieron 50.000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta.
El Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció que hubo 31 contratos relacionados con la empresa israelí NSO Group desde 2011 a 2018 por un monto de 1.970 millones de pesos (61 millones de dólares).
“Se ha dado un espionaje sin límites”, dijo Carrasco, que agregó que durante el mandato de Peña Nieto se llegó a una “intervención muy invasiva de periodistas, políticos, ciudadanos”, todo con total impunidad en vista de que los responsables de las agencias estatales que desarrollaron estos programas ocupan cargos públicos o electos.
“El ciberespionaje se ha convertido en un arma más contra el ejercicio periodístico”, aseveró el hombre de prensa, quien además se lamentó de la falta de regulación.
La moderadora del panel, Martha Ramos, de la Organización Editorial Mexicana (OEM), señaló que se debe crear un marco legislativo que ofrezcan a las víctimas “caminos para defenderse de estas empresas”, antes que regular a las propias firmas fabricantes de estos software, algunas de las cuales “operan en territorios internacionales difusos”.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional Américas, dijo que estas tecnologías cada día van a ser más sofisticadas y recordó que en el caso mexicano se tomó una muestra representativa de un millar de aparatos intervenidos y se descubrió que un gran número eran de periodistas.
Ronald Deibert, director de Citizen’s Lab, de la Universidad de Toronto, señaló que estas herramientas, que hasta hace 20 años no existían, siempre están evolucionado y lo hacen en un marco poco regulado, lo que permite su uso por parte de dictadores para aumentar la represión.
“Es una de las crisis más graves de la democracia”, señaló.
La impunidad en los crímenes contra periodistas y la necesidad de incorporar a más mujeres a la dirección de los medios fueron otros de los temas que acapararon este jueves la atención de la 77 Asamblea General de la SIP.
En la jornada, el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) Ricardo Pérez Manrique dijo que el periodismo es “una de las profesiones más peligrosas del mundo” y en donde más se producen casos de impunidad.
