Activistas de derechos humanos en Cuba expresaron su inconformidad con final del proceso de liberaciones anunciado hace dos meses por gobierno. El gobernante Miguel Díaz-Canel se había comprometido con el papa Francisco a liberar a 553 presos, entre ellos presos políticos
La Habana, Cuba — Activistas políticos y de derechos humanos expresaron el martes su insatisfacción ante el anuncio el día anterior por el gobierno cubano de dar por concluida la excarcelación de presos en el marco de un acuerdo ofrecido al papa Francisco a comienzo de año.
A mediados de enero, el presidente Miguel Díaz-Canel dio a conocer una carta al papa Francisco en la que su gobierno se comprometía a otorgar el beneficio de la liberación anticipada a 553 presos por razones humanitarias —personas sentenciadas con figuras delictivas variadas— y como un gesto al pontífice.
Organizaciones no gubernamentales y activistas presionaron para que se incluyera a por lo menos unas 800 reclusos que consideran como presos políticos debido a su participación en manifestaciones o acciones contra el gobierno, informa nuestra aliada de medios, la Voz de América.
“Por un lado nos parece bien que se haya liberado a esas 553 personas, entre ellos, presos políticos de julio del 2021”, dijo a The Associated Press el opositor Manuel Cuesta Morúa miembro de una organización llamada Consejo para la Transición en Cuba, con relación a las protestas ocurridas ese mes en la isla, las mayores en décadas.
“Pero no estamos satisfechos porque debieron ser liberados todos; era una oportunidad tratándose de un proceso que se produjo en el marco de conversaciones con el Vaticano”, agregó Cuesta. “Vamos a insistir en que es necesario una amnistía que no sólo pase por la voluntad política de un momento, sino por una ley, de modo que todos sean liberados”.
Según organizaciones que monitorean la situación de los presos, al momento de comenzar las excarcelaciones —el 15 de enero— había unas 549 personas en prisión a raíz de la manifestación de 2021 y más de 880 consideradas políticas —las cifras varían según varias agrupaciones—, contemplando las posteriores. La mayoría de los sentenciados por los tribunales no tenía antecedentes de militancia partidaria.
