La organización de Jefes de Estados y de Gobiernos reclaman la atención inmediata a lo que califican de graves violaciones a los derechos humanos en el proceso judicial contra el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, el cual culminó con una condena de 12 años de prisión domiciliaria. El exmandatario anunció de inmediato que apelará el veredicto.
Bogotá, Colombia – El grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, solicitó el viernes a varias instituciones regionales la atención y actuación frente a lo que califica de “graves afectaciones a los derechos humanos del Expresidente Álvaro Uribe Vélez”.
La petición fue formulada en una carta firmada por más de 30 ex jefes de Estado y de Gobierno remitida a Volker TüRK, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Albert R. Rand, Bogotá, IM, Secretario General de la Organización de Estados Americanos; y los Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Iniciativa Democrática de España y las Américas y/o miembros del grupo Libertad y Democracia.
“Acudimos ante ustedes para que, dentro de la órbita de sus competencias, asuman la responsabilidad histórica de salvaguardar el Estado constitucional y de Derecho en Colombia, a la vez que evitar que se consolide una terrible injusticia que da paso a un precedente nefasto en contra del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros instrumentos interamericanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”, indica la misiva.
Señalan que se trata del caso judicial contra el expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez.
Subrayan que en su proceso, es necesario que: (i) se ampare el derecho fundamental, interamericano y humano al debido proceso ya la debida defensa; (ii) se activa el precedente nefasto en contra del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros instrumentos interamericanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
(iii) se emitan recomendaciones urgentes; (iv) se impongan medidas de protección, de conformidad con los mandatos internacionales en materia de derechos humanos; y (v) se solicita al Estado colombiano información detallada, inmediata y completa sobre los estándares procesales aplicados y los correctivos implementados para garantizar un juicio justo, en conformidad con la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Recuerdan que durante su mandato, el expresidente Uribe extraditó a más de 1400 criminales a los Estados Unidos. «Entre ellos cuentan los 14 principales capos paramilitares, quienes cumplieron condenas el doble de largas que las que habrían cumplido en Colombia. Ya es evidente, en el proceso y la opinión pública, que el caso penal en su contra ha sido impulsado por algunos de los extraditados».
“Con nuestra convicción democrática y compromiso con el Estado de derecho, pedimos sus actuaciones para evitar que el expresidente Uribe continúe siendo víctima de un proceso penal plagado de anomalías, que ahora ha derivado en una condena judicial de primera instancia. Las anomalías de dicho proceso constituyen afectaciones sistemáticas a sus derechos amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”
El proceso penal contra el expresidente Uribe comenzó en 2012, cuando este presentó una denuncia por presunta manipulación de reclusos para vincularlo falsamente con grupos paramilitares.
Seis años después, se desestimó la denuncia y se abrió una investigación penal contra el expresidente Uribe, quien ahora ha sido condenado. El proceso contra el expresidente Uribe se ha caracterizado entre otros por una serie de anomalías que no garantizan el debido proceso en un estado de derecho.
