La petición fue realizada mediante una comunicación enviada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la que la entidad también propone la creación de una comisión bicameral especial que profundice el estudio de la Ley 74-25 y de las iniciativas de modificación actualmente en discusión
Santo Domingo, República Dominicana – La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) solicitó este martes al Congreso Nacional ampliar el plazo previsto para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, fijada para el próximo 3 de agosto, al considerar que el tiempo disponible resulta insuficiente para corregir diversas disposiciones que han generado cuestionamientos jurídicos y sociales.
La petición fue realizada mediante una comunicación enviada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la que la entidad también propone la creación de una comisión bicameral especial que profundice el estudio de la Ley 74-25 y de las iniciativas de modificación actualmente en discusión.
Finjus reconoció la necesidad de sustituir el Código Penal vigente desde 1884 y valoró los esfuerzos realizados para actualizar el sistema penal dominicano frente a los desafíos de la criminalidad moderna. No obstante, advirtió que la legislación aprobada contiene disposiciones que, a su juicio, presentan problemas de técnica legislativa, duplicidades y posibles conflictos con la Constitución.
Entre los aspectos señalados por la organización figuran artículos que, según entiende, podrían afectar la libertad de expresión, disposiciones que criminalizarían determinadas operaciones comerciales con menores de edad, regulaciones vinculadas al ejercicio médico y las normas que sancionan sin excepciones la interrupción del embarazo.
La entidad sostuvo que el período de vacatio legis contemplado en la norma no ha sido suficiente para revisar adecuadamente el texto legal ni para preparar a los distintos actores del sistema de justicia para su aplicación.
Asimismo, indicó que la discusión abierta en el Congreso representa una oportunidad para corregir disposiciones que presentan deficiencias normativas o que podrían dar lugar a cuestionamientos de constitucionalidad una vez entre en vigor la legislación.
Finjus informó que sus observaciones abarcan tanto la Ley 74-25 como el proyecto de modificación que propone cambios a 18 artículos del nuevo Código Penal y que actualmente es evaluado por el Poder Legislativo.
La organización reiteró su disposición de continuar colaborando con el proceso de revisión de la norma y defendió la necesidad de que el país cuente con un Código Penal moderno, técnicamente sólido y compatible con los principios del Estado social y democrático de derecho.
