El hecho de enfrentar de manera decidida y contundente expedientes nodales como son los casos de Odebrecht, la operación Anti Pulpo contra los tentáculos de la alegada corrupción así como el expediente del capítulo sobre un confeso narcotraficante, es preludio de un anhelo público de larga data.
Por Jesús Rojas*
Las autoridades judiciales del país han decidido tomar acción pública y transparente contra lo que la opinión pública ha descrito como “impunidad de la corrupción”, al enfrentar los casos nodales recientes que han puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado frente a los delitos que corroen el tejido social, ético y moral de la nación. Lo que intentan demostrar las acciones de la Procuraduría General de la República, al invocar todos los instrumentos y personal disponible, es que están dando pasos de avances en la dirección correcta como órgano independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, libre de las ataduras genéticas que la han atado en la historia de los últimos 60 años de democracia.
El hecho de enfrentar de manera decidida y contundente expedientes nodales como son los casos de Odebrecht, la operación Anti Pulpo contra los tentáculos de la alegada corrupción en los intersticios de la estructura administrativa del Gobierno y los dineros públicos, así como el expediente del capítulo sobre un confeso narcotraficante, es preludio de un anhelo público de larga data.
Existe un vínculo intrínseco entre las formas democráticas de organizar las instituciones y el ejercicio de la política, elemento clave para resolver la corrupción.
¿Por qué es necesario combatir la corrupción política, pública y privada? Son muchas las razones invocadas por expertos y neófitos. La corrupción, definida como “acción de corromper o corromperse; o situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos”, es dañina no por el hecho en sí, sino por la secuelas y consecuencias que acarrea para la sociedad.
A partir de la base de que la sociedad civil es el medio conductor para evitar o prevenir la corrupción, a la vez es parte de la solución de este fenómeno. Cabe señalar el papel del gobierno y de las asociaciones para la creación de una democracia cuya misión, tarde o temprano, es combatir al «mal comportamiento de la política», como es denominada la corrupción.
Existe un vínculo intrínseco entre las formas democráticas de organizar las instituciones y el ejercicio de la política, elemento clave para resolver la corrupción. Para ello, es necesario disponer de un sistema de justicia soberano, sin ataduras, en el que no sea necesario pagar el precio más alto para obtener una verdadera justicia, en virtud de la igualdad teórica de que todos somos iguales ante ella.
No se trata de que la justicia solo sirva a los millonarios ni que sea un pecado serlo. Tampoco de que se utilicen todos los recursos legales disponibles para llegar al objetivo de alcanzar la felicidad material por la vía del dinero, por parte de empresas y empresarios. Lo que se cuestiona son los métodos y vías de llegar a ese objetivo, pasando por alto las normas más elementales del derecho ajeno y pisoteando las reglas más básicas establecidas del contrato social y la dignidad individual.
En el preludio de la tercera década del Siglo XXI, la corrupción nacional, individual, social, institucional, judicial, administrativa, personal, familiar y de otra índole se ha constituido en el peor enemigo del tejido político y social de la democracia, ya que entre sus efectos está la perpetuación de la pobreza, la desigualdad social y entre individuos, y el atraso material y económico de los pueblos.
El problema supera el debate ideológico en el que muchos pretenden atribuir o culpar a un sistema político o económico particular, la democracia o el capitalismo, de las deficiencias en el camino hacia la sociedad perfecta que predica la utopía, sin tomar en cuenta los factores defectuosos en la naturaleza humana, y sus ímpetus a veces incontenibles dada su inclinada naturaleza hacia su propia destrucción.
El nuevo Ministerio Público independiente ha dado señales de actuar y querer acatar el mandato de la sociedad en términos del debido proceso para una justicia no perfecta, pero al menos apegada al sentido común, las leyes orgánicas y el anhelo más elevado de la parte sana de la sociedad.
Los hombres y las mujeres podrán continuar siendo serios o aparentarlo. Lo cierto es que donde no hay justicia genuina, tampoco habrá confianza, credibilidad, orden ni respeto. Al menos, ya parece que el consenso de la mayoría nacional apunta en esa dirección en términos de cómo fortalecer la democracia, purificar la política nacional y eliminar las raíces de la corrupción.
*Jesús Rojas es sociólogo, periodista, escritor y especialista en multimedios.
