Por Miguel Franjul*
Las denuncias, desde el gobierno y el ministerio público, han descrito la vastedad de las malversaciones de fondos públicos que perpetraron exfuncionarios y allegados de la familia presidencial, violentando las normas legales de las contrataciones públicas.
Eso por un lado. Por el otro, afloran ahora los alcances de las operaciones de lavado de dinero de la red de narcotráfico de César Emilio Peralta, El Abusador, un “imperio” bochornoso que creció a sus anchas delante de las narices de las autoridades.
Basándose en el pago de sobornos a autoridades, según el expediente del ministerio público, este capo estructuró una cadena de empresas usando testaferros y prestanombres que movió más de 3,400 millones de pesos en el sistema financiero para “legitimarlos”.
El hecho de que unos pocos individuos, algunos con rangos de autoridad y otros allegados a los núcleos del poder hayan podido cometer semejantes fraudes al fisco y al erario, revela la vulnerabilidad de nuestros mecanismos de control de la corrupción administrativa.
¿Cómo es posible que los mecanismos de contraloría pública, investigación financiera, inteligencia fiscal y militar, y el aparato de lucha contra las drogas pudieran permitir estos desmanes?
Sin dudas, solo si se prestaron para un contubernio tolerado o apañado que hacía intocables a los jefes y principales beneficiarios de estas operaciones fraudulentas e ilícitas, de las cuales se entera ahora la ciudadanía.
Por lo visto, es mucho el trabajo que tienen por delante las autoridades del ministerio público y la justicia para castigar los pecados de impunidad y los mismos hechos ilícitos conforme a lo que traza el Código Penal, para resarcir al Estado y a la sociedad por los enormes daños causados.
*Miguel Franjul es director del periódico Listín Diario, decano de la prensa nacional.
Video anexo: Listín Diario / En la voz del periodista Miguel Franjul.
