El procurador adjunto, Wilson Camacho, aclara que entre la denuncia de corrupción y la medida de coerción, existe un debido proceso.
Santo Domingo, República Dominicana–El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indicó que antes de someter a la justicia a una persona primero se debe agotar un proceso de investigación, que podría tardar meses.
“Entre una denuncia de corrupción, del tipo que sea, y una medida de coerción (como Operación Antipulpo), median muchas horas de trabajo (meses), cientos de diligencias de investigación, miles de documentos revisados, decenas de personas involucradas y muchas, muchas discusiones”, manifestó el procurador adjunto en su cuenta de Twitter.
El pronunciamiento de Camacho se da luego de la denuncia sobre el entramado de corrupción en el sector eléctrico, que supuestamente tenían Maxy y Alexander Montilla Sierra, cuñados del expresidente Danilo Medina.
Los hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla, se habrían favorecido, a través de varias empresas que figuran a sus nombres, con más de RD$13 mil 500 millones en los ochos años que gobernó Medina.
Sobre este particular, Camacho ha dicho que darán seguimiento a todas las denuncias sobre ilícitos penales. “Nosotros vamos a investigar cualquier hecho que nos enteremos por cualquier vía que pueda constituir un ilícito penal, en este caso un ilícito de corrupción”, precisó.
El alegado entramado de corrupción involucra a otros varios familiares de Medina. Entre estos se destacan, su hermana Aracelis Medina Sánchez, sus sobrinas políticas Rosanna Montilla y Soraya Priscilla Asunción Montilla y su cuñado Luis Ernesto de León exgerente de Edeeste, esposo de su hermana Carmen Magaly Medina.
Carmen Magaly cumple arresto domiciliario tras ser imputada en el caso “Antipulpo”, junto a su otro hermano Alexis Medina, quien guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres. Unas ocho empresas supuestamente controladas por Alexis, recibieron ilícitamente fondos públicos por RD$4,769,775,128.96.
