La Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público determinó que Aida Ramos de Hernández llevaba 17 años en la actividad delictiva.
Santo Domingo, República Dominicana–Un año de prisión preventiva como medida de coerción fue impuesto a una mujer acusada por el Ministerio Público de estafar con más de RD$265 millones a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la prisión preventiva a la imputada Aida Ramos de Hernández y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
La titular de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, fiscal Karina Concepción Medina, dijo que su sometimiento se realizó con base en evidencias que les vinculan a los delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, así como a la asociación de malhechores para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero.
Los hechos se registraron durante los últimos 17 años.
En la instancia con la solicitud de medida de coerción, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros detalla que abrió una investigación en contra de las sociedades comerciales Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hernández, debido a que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra la cantidad de 39 acciones penales por los indicados delitos.
La imputada, según consta en Registro Mercantil, se desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades y tenía autorización para firmar en representación de las mismas.
El expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció con otros accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades, cuyo objeto social era el financiamiento de vehículos y otros bienes e inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.
A través del esquema societario, Ramos de Hernández junto con otros accionistas además utilizó esas sociedades para hacerles creer a las víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera, ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del instrumento de captación denominado “papel comercial”, con el objetivo de cederlos a terceros en calidad de préstamos, para recibir ganancias con tasas de interés anuales que oscilaban entre un 4 y un 18 por ciento.
Ramos de Hernández cometió los hechos en asociación con Alain José Gómez, quien, en marzo de 2020, antes de que las víctimas presentaran las querellas, huyó del país hacia Cuba y desde ahí hacia Rusia.
A raíz de las diligencias del Ministerio Público es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol.
La magistrada Concepción Medina junto al fiscal Carlos Vidal, durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, presentó diferentes pruebas que vinculan a la imputada al caso.
Con las evidencias, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró pudo establecer la vinculación de la encartada con el hecho delictivo al que le ha sido otorgada la calificación jurídica de violación a los artículos 148, 265, 266, 405 del Código Penal y 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Mientras Ramos de Hernández cumple la prisión preventiva, el Ministerio Público continúa ampliando la investigación de este caso de delitos financieros.
