Un tribunal dictó medidas de coerción empleados de la JCE y un grupo de dominicanos y haitianos vinculados a una presunta red de suplantación de identidad en comunidades de Vicente Noble, Galván, Tamayo y Neiba. La investigación fue realizada por dependencias de la JCE.
Barahona, Repúblicas Dominicana — El Tribunal de Atención Permanente de Barahona impuso medidas de coerción contra tres empleados de la JCE, y un grupo integrado por dos dominicanos y seis extranjeros ilegales señalados como presuntos responsables de cometer delitos de suplantación de identidad y falsedad de documentos.
La medida fue tomada en el marco de las acciones que desarrolla la Junta Central Electoral (JCE), en coordinación con el Ministerio Público, en la detección y procesamiento de los casos de suplantaciones de identidad y cualquier delito en contra del registro civil.
El arresto del grupo se produjo tras una labor de inteligencia desarrollada durante varios meses, en las comunidades de Vicente Noble, Galván, Tamayo y Neiba, en un operativo en que participaron las direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público adscrito a la JCE para asuntos de Registro Civil.
A los nombrados Sylvio Enmanuel Andrés Recio y Yoan Amancio Vidal, quienes fungían como empleados de las Oficialías de Neiba y Galván respectivamente, se les impuso la medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva, mientras que, al también servidor de la JCE, Sucre Omar Duval Silfa, se le impuso garantía económica y presentación periódica.
Asimismo, a los ciudadanos Caridad Eugenia Rodríguez Contreras (la Chichi) y Dominguito López Pérez (Dominguito), se les impuso tres meses de prisión preventiva; y a los extranjeros ilegales Michell Ange Bien Aime y/o (Estefania), Josué Dupont y/o Héctor Julio Rosario Núñez, Luis Dupon y /o Kelvin Mora, Andrio Mancebo, Eddy Montilla y Yudelka Domice, se les impuso como medida seis meses bajo la vigilancia del Ministerio Público a cargo de la investigación.
Conforme a las indagatorias el modus operandi consistía en que Rodríguez Contreras abordaba a los ciudadanos extranjeros ilegales en las inmediaciones de la Oficialía de la 12va. Circunscripción de Santo Domingo Este, y les ofrecía facilitarle todo tipo de documentación falsa para nacionalizarlos como nacidos en el territorio dominicano.
Por su parte, Peguero, en complicidad con López Pérez, funcionaba como brazo para falsificar todo tipo de documentación pública como actas de nacimientos, cédulas y captaban personas en bateyes y fincas agrícolas, argumentando que tenían fuertes vínculos en la Junta Central Electoral, aunque el punto principal de las operaciones era la comunidad de Barahona la modalidad se extendía por parte de la región sur.
Conforme a las declaraciones de los nacionales haitianos que intentaron obtener la nacionalidad falsa, la red de falsificación cobraba RD$70,000.00 y cien mil RD$ 100.000 por entregarles el documento fraudulento.
Al grupo se le imputa haber incurrido en los delitos de suplantación de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos públicos, delitos previstos y sancionados por los artículos 147 y 148 del Código Penal, que sancionan la falsedad en escritura; así como la Ley 8-92 sobre la Cédula de Identidad y Electoral que establece condenas de entre seis meses y dos años de prisión.
Estas medidas de coerción se suman a otros impuestas por las autoridades en los últimos meses a solicitud del Ministerio Público adscrito a la JCE.
