- El diputado Gregorio Domínguez, (PRM-Santiago), fue declarado absuelto de los cargos de desalojo ilegal de una propiedad ubicada en Punta Rucia, Puerto Plata, en una decisión dividida de la Suprema Corte de Justicia.
- La sentencia, que será leída de manera íntegra el 31 de este mes, sostiene también que las declaraciones de los testigos presentados por la parte acusadora son contradictorias.
Santo Domingo, República Dominicana — La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) absolvió este lunes al diputado Gregorio Domínguez de las responsabilidades que le atribuyó el Ministerio Público de ejecución ilegal de un desalojo y de la destrucción de una propiedad privada en la comunidad Punta Rucia, en Estero Hondo, en Puerto Plata.
Los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, presidente del tribunal y Fran Soto Sánchez, por decisión mayoritaria, declararon no culpables de la acusación a Domínguez debido a que no se probaron los elementos facticos denunciados en contra del legislador perremeísta por Santiago. El fallo contó con el vote disidente de la jueza María Gil Garabito.
El tribunal es «de opinión de que no ha quedado probada la participación del imputado» en la destrucción y el desalojo de la casa de Lucila Nelly Capellán, la señora que se querelló.
La sentencia, que será leída de manera íntegra el 31 de este mes, sostiene también que las declaraciones de los testigos presentados por la parte acusadora son contradictorias.
Contrario a como señalaban los testigos y la parte acusadora, la defensa del diputado Domínguez, encabezada por el abogado Valentín Medrano, señalaba que el legislador nunca estuvo en el momento de la destrucción de la construcción y que tampoco ordenó a sus empleados a realizarla. También afirmó que demostró la titularidad de la propiedad de la parcela donde se encontraba la vivienda destruida
Los testigos sostenían que la destrucción de la casa de Nelly se llevó a cabo porque estaba ubicada en el trayecto de la carretera de un proyecto desarrollado por el legislador.
Voto disidente de jueza
Al motivar su voto disidente con la decisión de sus dos compañeros, la jueza María Gil Garabito sostuvo que de la valoración probatoria y las premisas que se desprende de ellas, «se deduce la violación de los artículos 1 y 2 de la Ley 5797 sobre destrucción de propiedad» por parte del imputado.
Sostuvo también que «el fardo probatorio aportado resulta suficiente, lógico y coherente para demostrar y acreditar la existencia de una relación laboral» entre el Domínguez Domínguez y el señor Catalino Martínez (Jaime), quien ejecutó la destrucción de la vivienda de la señora Lucila Nelly Capellán.
Sostuvo que las declaraciones de los testigos coinciden en probar el «vínculo entre este (Jaime) y el imputado y así como una asociación de hechos que demuestran la confabulación y el contubernio entre el imputado y su empleado» para llevar a cabo el derrumbe de la casa que estaba casi concluida.
«Entiendo que se consigna el tipo penal contenido en los artículos 1 y 2 de la Ley 5797», sostuvo la magistrada.
Ambos artículos establecen que “se castigará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión correccional (…)”, la trama que ejecutada por dos o más personas, se materialice en forma de ataque por vías de hecho, desde el exterior a edificios, casas, otras construcciones o sus dependencias urbanas, urbanas o rurales, que pertenezca a personas físicas morales, públicas o privadas; o a la comisión de estos mismos hechos en el interior de dichos bienes (Art.1)”.
Artículos 2: “Cuando el ataque produce pérdidas o destrucción de bienes o se realice por vías de hecho contra las personas, se aplicará a los culpables el máximo de la pena que señala el artículo primero”.
No obstante, Garabito coincidió con sus colegas de que no fueron probadas la violación de los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19 que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias, así como el artículo 1 de la Ley 5869 sobre violación de propiedad “ante la insuficiencia del estado probatorio aportado”.
El Ministerio Público había solicitado una condena de cinco años contra Domínguez y una reparación civil.
