- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó aceptar la acusación de la Fiscalía General contra el presidente izquierdista que es investigado por liderar una red criminal en el Estado.
- El jefe de Estado fue imputado por los casos Puente Tarata III y Petroperú. Según la resolución fiscal, a la que la Voz de América accedió, se le imputan diversas responsabilidades.
Lima, Perú — La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano aceptó en la noche del miércoles el trámite de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción durante sus 16 meses de gestión.
El pasado 11 de octubre, el Ministerio Público presentó la acusación en la que se da cuenta que Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal «enquistada» en el Estado que direccionó una serie de licitaciones de obras públicas durante su administración que empezó en julio del año pasado.
El jefe de Estado fue imputado por los casos Puente Tarata III y Petroperú. Según la resolución fiscal, a la que la Voz de América accedió, se le imputan diversas responsabilidades.
En un primer asunto, el mandatario peruano habría usado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener un soborno de 58 millones de dólares a cambio de beneficiar con la obra a un empresario que aportó en su campaña electoral. Para este propósito, Castillo se confabuló con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el hoy exministro Juan Silva.
En el segundo asunto, el profesor rural habría designado a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la estatal Petroperú con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias.
Una de ellas fue el favorecimiento por 47 millones de dólares a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) por 280.000 barriles de biodiesel. La operación se hizo realidad cuando el dueño de la citada compañía, Samir Abudayeh, tuvo una reunión con Castillo en Palacio de Gobierno.
Tras la admisión de la denuncia de la Fiscalía General, Castillo cuestionó al Parlamento peruano. «¿En el umbral de la anemia y la pobreza, eso se debate en otro sitio? Estoy seguro de que hay congresistas que pueden tener la mayor predisposición para que se agenden estos problemas, pero hay otros que les importa ‘un pepino’ los grandes problemas que tiene el país”, dijo el mandatario en una actividad pública este jueves.
Aparte de Castillo también están involucrados sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda), quienes serían sus lugartenientes de esta red criminal.
Con la admisión a trámite de la denuncia contra Castillo, se inicia un largo proceso en el Parlamento.
La decisión de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales será informada a la Comisión Permanente, órgano integrado por el presidente y los vicepresidentes del Congreso y los voceros de las bancadas, donde también debería recibir el visto bueno y otorgar un plazo de 15 días para que se haga un nuevo informe de calificación de hechos.
