El presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, enviaron una carta al presidente Giammattei en la que cuestionan las irregularidades en el proceso judicial contra Zamora.
Miami, EEUU — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) insistió al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a que inste al Ministerio Público a «que se apegue a la legalidad, transparencia y debido proceso», en torno del caso que se sigue contra el periodista y director de elPeriódico, José Rubén Zamora, encarcelado hace más de seis meses.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, enviaron una carta al presidente Giammattei en la que cuestionan las irregularidades en el proceso judicial contra Zamora. En la carta le recuerdan a Giammattei que se comprometió a garantizar las libertades de prensa y expresión cuando firmó la Declaración de Chapultepec en 2015.
Texto de la carta:
«Sr. Presidente:
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización dedicada a la vigilancia de la libertad de prensa en las Américas, lo exhorta a que en el marco de la Declaración de Chapultepec que usted firmó en 2015, solicite al Ministerio Público que garantice la transparencia y el debido proceso en el caso contra el periodista y director de elPeriódico, José Rubén Zamora, encarcelado desde el 29 de julio de 2022.
Lamentamos no haber podido reunirnos con usted en nuestra reciente misión a Guatemala, para transmitirle nuestra preocupación sobre este caso, que entendemos contraviene los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y condiciona el libre ejercicio de la actividad periodística, así como el derecho ciudadano a informarse sobre asuntos de interés público.
En esa visita, alertamos sobre irregularidades que detectamos en el proceso judicial y que dimos a conocer en nuestras conclusiones. Remarcamos entonces, ante las autoridades del país y del Ministerio Público, que «el gobierno debe terminar con el acoso legal y judicial», situación que continuamos observando con las recientes acusaciones contra los abogados de Zamora.
También advertimos que «si la Justicia no actúa con independencia y sólo es instrumento de otros poderes, se terminará induciendo autocensura en otros medios y periodistas que investiguen al poder».
La SIP arribó a estas conclusiones luego de dar seguimiento al caso desde que Zamora fue encarcelado, y sobre la base de lo recopilado durante las entrevistas que mantuvimos en nuestra misión exploratoria. Estas incluyeron diálogos con el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, con otros funcionarios del Estado y con la fiscal general, Consuelo Porras, y su equipo de colaboradores.
También recabamos información en encuentros con integrantes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y con representantes de la Corte Constitucional, diplomáticos, empresarios, dignatarios de la Iglesia Católica, directivos de medios y periodistas. Además, estuvimos presentes en la audiencia pública realizada el 8 de diciembre de 2022 por el caso contra Zamora y ese mismo día pudimos visitarlo en la cárcel.
Por estos motivos, y en el espíritu de la Declaración de Chapultepec, que reclama que «ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público», reiteramos nuestra exhortación a que exija al Ministerio Público que se apegue a la legalidad, transparencia y debido proceso en torno del caso de Zamora.
Por nuestra parte, y tal como expresamos en una misiva enviada a Usted el 18 de agosto de 2022, «seguiremos atentos al desarrollo del caso de Zamora, para velar que se respeten sus derechos, su seguridad física, que cuente con un proceso judicial independiente y justo, y se garantice en el país la libertad de prensa, fundamental para la existencia de una sociedad democrática».
Confiamos en que honrará usted el compromiso asumido siete años atrás, al firmar el texto de la Declaración y ratificar su respeto por la libertad de expresión.»
