De aprobarse, la medida convertiría en delito crear o compartir contenido que implique grave riesgo a la «paz social o el orden económico», y lo castiga con entre uno y cinco años de prisión.
Miami, Florida–La Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP) recomendó debatir a profundidad el proyecto de ley en Brasil para combatir las fake news e incluir las opiniones de las asociaciones de prensa especialistas en el tema para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el espacio digital.
La SIP respaldó a la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI por sus siglas en portugués) y a 46 organizaciones de la sociedad civil que se manifestaron en contra del proyecto de ley (PL 2.630/2020 – Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet) y promueven un debate amplio.
Ante las críticas, el Senado aplazó ayer por tercera ocasión la votación de la iniciativa que será atendida como único punto de agenda el martes, 30 de junio.
Aunque el presidente de la SIP, Christopher Barnes, reconoció el desafío global y el daño inherente de la desinformación, dijo que tal como indica la Declaración de Salta en su décimo principio, «no debe combatirse con mecanismos de censura o sanciones penales, sino más bien con la adopción de políticas sobre noticias y alfabetización digital.»
El «Proyecto de Ley de fake news» como es conocido, contempla obligaciones para la identificación masiva de usuarios de internet, vincula la apertura de cuentas a un documento válido y un número móvil activo, y obliga a las aplicaciones de mensajería privadas a almacenar datos de trazabilidad de los mensajes intercambiados.
Convierte en un delito el crear o compartir contenido que pudiera representar un grave riesgo para la «paz social o el orden económico» y lo castiga con entre uno y cinco años de prisión.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que «la discusión sobre regulación de contenidos en internet debe darse siempre de forma abierta, transparente, profunda e inclusiva» e instó a los parlamentarios a profundizar la discusión de la iniciativa y a escuchar a todos los actores involucrados.
Entre las críticas al proyecto se subraya la violación a la privacidad y la eliminación del anonimato. Además, la iniciativa otorga a las plataformas la responsabilidad de identificar posibles fraudes, requiere que las compañías de telecomunicaciones envíen informes periódicos sobre las redes sociales.
El proyecto de ley también ordena a las compañías de internet que rastreen la cadena de comunicaciones remitidas de todos los brasileños durante al menos cuatro meses.
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, y Rock, director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, expresaron su preocupación por «los efectos negativos para la libertad de expresión en el espacio digital que subyacen en la iniciativa.»
Recordaron además que la Declaración de Salta insta a los intermediarios tecnológicos a «adoptar medidas de autorregulación para prevenir la diseminación deliberada de desinformación.»
