El director de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que la República Dominicana, con relación al fortalecimiento de la institucionalidad y el rescate de los niveles de impunidad, ha tenido pasos agigantados aunque no suficientes para sentirse aún satisfechos
Santo Domingo, República Dominicana – El director general Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, denunció este lunes que en el país existe una industria de la extorsión que incluye a periodistas, que hacen eco a las voces de la corrupción que se resisten a los cambios y a la institucionalidad.
Manifestó estar consciente que su función toca a muchos intereses de actores públicos y privados, que se ven afectados por decisiones que toma y seguirá tomando la institución que dirige.
Criticó lo que denominó un sistema de complicidades que arrebató a la construcción de condiciones dignas del pueblo dominicano con el robo de los recursos públicos. En ese pasado régimen de complicidades, sostuvo, los órganos de persecución y de control eran parte de la corrupción.
“Rescatar un país de un nivel de podredumbre de esa naturaleza necesita y va a necesitar cada vez mucho más esfuerzo y trabajo”, planteó el funcionario al ser entrevistado por el periodista Francisco Tavárez, en el programa El Demócrata TV que se difunde por Teleradio América.
Pimentel puntualizó que con las medidas de transparencia se han visto afectados intereses económicos y políticos en todas las direcciones y banderías, lo que genera rechazo y malestar.
“Pero también nosotros tenemos un tipo de comunicación que no es la más objetiva, plural, abierta e íntegra, sino también que tenemos voces que convivieron y conviven con la corrupción. Entonces, esas voces son las que hacen eco a esos intereses”, precisó.
Dijo que no escapa a las críticas no fundamentadas o a intereses marcados, que son de la industria de la extorsión en el país. “O tú tienes actores que se venden o son periodistas, pero se dedican a generar contenido sensacionalista”, insistió.
Y detrás de eso, agregó, puede haber muchos casos de extorsión de distinta naturaleza y de distintos tipos para generar presión y miedo ante el cumplimiento de las normativas y el rol que debe ejercer.
El director de la DGCP afirmó que, en la República Dominicana, con relación al fortalecimiento de la institucionalidad y el rescate de los niveles de impunidad, ha tenido pasos agigantados, aunque no suficientes para sentirse aún satisfechos.
Citó entre los avances los trabajos del Ministerio Público, la creación de una Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y el programa de recuperación del patrimonio donde el Estado está constituido en parte civil en casos de corrupción. Asimismo, citó la importancia de las auditorías que realiza y publica la Controlaría, por primera vez en la historia, con recomendaciones de corrección o solicitudes de sanción.
Cifró amplias esperanzas en una nueva ley de compra y contrataciones que impulsan, para que modifique la 340, y que está a la espera de aprobación en el Senado desde hace más de dos años.
“Yo me atrevería a decir que técnicamente es un excelente proyecto, que, si la República Dominicana adopta una normativa de ese nivel, pues estaría dentro de los países de la región con el marco normativo de contrataciones más moderno y con una visión que permitiría impulsar el desarrollo”, subrayó.
La idea es, explicó, fortalecer la transparencia y los controles, haciendo las compras más eficientes, porque el Estado para funcionar tiene que comprar, garantizando derechos a la gente de una vida digna.
Lucha corrupción
Pimentel está muy consciente que una de las áreas de mayor nivel de incidencia y riesgo de corrupción en los últimos 30 años es las compras públicas, principalmente las contrataciones de obras.
Reveló que han suspendido el registro de proveedores del Estado a más de 300 funcionarios que se encuentran en régimen de incompatibilidad, como son los casos de ministros, directores generales y alcaldes. No obstante, admitió que no existe ningún país que esté ausente de corrupción. Lo que no puede existir es impunidad, indicó.
Igualmente, informó que en su gestión han suspendido decenas de procesos, muchos de ellos enviados al Ministerio Público. Entre los retos importantes mencionó que el brazo de la justicia alcance de manera justa y equitativa a todo aquel que se ha enriquecido el patrimonio público.
Negocio multimillonario con libros
Con relación al proceso de licitación de los dispositivos tecnológicos del Ministerio de Educación, en pandemia, Pimentel recordó que de 52 lotes fueron anulados 48.
El Ministerio de Educación en ese momento recurrió ante el Tribunal Superior Administrativo, pero las decisiones han sido favorables a Contrataciones Públicas. El actual ministro desistió del recurso ante el tribunal, medida que consideró de sensata. Con relación al tema de los libros de texto, pues también ese es el primer proceso.
Dijo que le sorprendió el proceso de los libros de texto digital, por lo que fue suspendido, medida que también fue recurrida por los editores ante el Tribunal Superior Administrativo.
Consideró que alrededor de los libros de texto siempre ha sido un gran negocio, por lo que el Ministerio Educación decidió una modalidad distinta, que el contenido de los libros sea elaborado por las academias de Ciencias, Historia y de la Lengua, así como algunas universidades. Además de que el Estado es dueño por primera vez del contenido de los libros de texto, ahorró casi 4 mil millones de pesos.
