Directivos de la minera canadiense First Quantum Minerals en Panamá informaron en un comunicado que han reducido las operaciones y es probable que a mediados de semana se queden sin suministros para seguir operando.
Ciudad de Panamá — La minera canadiense First Quantum Minerals anunció el lunes en un comunicado que debido a los bloqueos ilegales de pequeñas embarcaciones en el puerto internacional de Punta Rincón, sitio de desembarque de materiales e insumos que se emplean para la operación de la mina, Minera Panamá ha reducido sus operaciones.
El texto indicó que se espera que a mediados de esta semana la planta de generación de energía se quede sin suministros.
“Los bloqueos están impidiendo la entrega de suministros necesarios para operar la planta de energía. Independientemente de las necesidades de las operaciones, la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral de Minera Panamá es la prioridad de la empresa”, indicó el documento.
La compañía señala que las autoridades locales están presentes y continúan monitoreando y evaluando la situación para lograr un retorno definitivo a las operaciones marítimas, informa la Voz de América.
“Si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente la producción”, agrega el texto.
First Quantum informó además que continúa reservando todos sus derechos legales locales e internacionales con respecto a los desarrollos en Panamá, y que reitera su voluntad de abrir nuevos espacios de diálogo, con el fin de abordar las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad.
Este anuncio se da en medio del segundo paro nacional convocado por las organizaciones panameñas en contra de la minería.
El pasado 20 de octubre el gobierno de Panamá firmó la Ley 406 que renueva por 20 años el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño, decisión que ha sido rechazada por la población, que lleva un mes en las calles realizando marchas y cierres en todo el país.
Organizaciones de la sociedad civil piden la derogación de la ley 406, mientras que la Corte Suprema ha recibido 10 demandas que exigen su inconstitucionalidad.