Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, sale del tribunal federal después de una audiencia de declaración de culpabilidad por dos delitos menores de no pagar intencionalmente impuestos sobre la renta en Wilmington, Delaware, EEUU, el 26 de julio de 2023. (Foto: Cortesía de la Voz de América).

El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, ha sido acusado formalmente de nueve cargos. Ahora se suman a los cargos por posesión de armas, comprendidos en la investigación del fiscal especial

Washington, EEUU — Hunter Biden fue acusado formalmente de nueve cargos fiscales el jueves en California mientras se intensifica una investigación del fiscal especial sobre los negocios del hijo del presidente Joe Biden en el contexto de las inminentes elecciones de 2024.

Los nuevos cargos (tres delitos graves y seis delitos menores) se suman a los cargos federales por armas de fuego en Delaware que alegan que Hunter Biden violó una ley que prohibía que los consumidores de drogas tuvieran armas en 2018.

La investigación criminal dirigida por el fiscal federal de Delaware, David Weiss, ha estado abierta desde 2018 y se esperaba que concluyera con el acuerdo de culpabilidad en el que Hunter Biden tenía planeado llegar a un consenso con los fiscales durante el verano, informa la Voz de América.

Ahí se habría declarado culpable de dos delitos menores de evasión fiscal y habría llegado a un acuerdo separado sobre el cargo de armas. Habría cumplido dos años de libertad condicional antes de ir a la cárcel.

El acuerdo implosionó en julio después de que un juez planteara dudas al respecto. También había sido ridiculizado como un “acuerdo atractivo” por los republicanos que investigaban casi todos los aspectos de los negocios de Hunter Biden, así como el manejo del caso por parte del Departamento de Justicia.

Los republicanos del Congreso también han iniciado una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, alegando que estaba involucrado en un plan de tráfico de influencias con su hijo. Se espera que la Cámara vote la próxima semana sobre la autorización formal de la investigación.

El acuerdo también contenía disposiciones de inmunidad, y los abogados defensores han argumentado que siguen vigentes ya que esa parte del acuerdo fue firmada por un fiscal antes de que se descartara el acuerdo.

Los fiscales no están conformes y señalan que los documentos no fueron firmados por un juez y no son válidos.