No hay razones, motivos ni circunstancia que justifiquen la pérdida de vidas humanas valiosas y productivas como resultado de la negligencia culposa. Y menos en cadena de consumidores irresponsables, productos de alto riesgo para la vida como los pesticidas y la falta de vigilancia, regulación y control efectivo de su distribución y uso.
El reciente trágico fallecimiento de una madre y su bebé de dos meses por intoxicación, causada por un pesticida altamente letal en su hogar en una torre residencial del ensanche Piantini, plantea una vez más la necesidad de que el Estado dominicano asuma de una vez y para siempre su rol de proteger la vida de los ciudadanos.
No hay razones, motivos ni circunstancia que justifiquen la pérdida de vidas humanas valiosas y productivas como resultado de la negligencia culposa. Y menos en cadena de consumidores irresponsables, productos de alto riesgo para la vida como los pesticidas y la falta de vigilancia, regulación y control efectivo de su distribución y uso.
Y como si fuera poco, los hechos similares se repiten en el transcurso del tiempo. Por dejadez, negligencia y desidia de las instituciones responsables de prevenir con un protocolo y cumplimiento severo el uso, venta, administración y expendio de materiales químicos letalmente peligrosos en el seno de la sociedad dominicana.
Por supuesto, no habrá paz ni palabras para aliviar o remediar el profundo e intenso dolor que atraviesa una familia víctima de semejantes consecuencias, por demás trágicas. Ni leyes ni compensación que alivien y llenen el vacío absoluto del alma que causa semejante golpe, como es la partida súbita y a destiempo de un ser querido.
Las autoridades tienen el deber legal y moral de recopilar y catalogar todos los productos de alta peligrosidad para la vida humana, disponibles en negocios públicos y privados y sin ningún control en el territorio nacional, a fin de imponer parámetros de uso más severos y exigentes si es que hay voluntad política de proteger la vida de la ciudadanía.
De lo contrario, y pese al horror y la indignación pública generada, continuará vigente la proverbial frase lapidaria y por demás cruda de que en la República Dominicana… la vida no vale nada.
