- El gobierno de Venezuela decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y solicitó que los funcionarios adscritos abandonen el país en un plazo de 72 horas
- Organizaciones y activistas de DDHH expresaron preocupación, rechazaron la decisión del Estado venezolano y recordaron sus advertencias sobre la radicalización del gobierno
Caracas, Venezuela — El gobierno de Venezuela anunció el jueves que decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado para los DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas y ordenó la salida del país de los funcionarios adscritos a esa oficina.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, dijo que en los próximos 30 días su país revisará los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa oficina, por lo que solicitó que el personal adscrito a la ACNUDH abandone el país en las siguientes 72 horas, «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas».
Para el gobierno venezolano, la ACNUDH ha “exacerbado sus ataques” contra Venezuela y ha mantenido una postura “claramente sesgada y parcializada”, generando “impunidad” para personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones, entre otros.
Reacciones de condena
Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de DDHH de la ONU, dijo que lamentan la decisión del gobierno venezolano y anunció que se encuentran evaluando los siguientes pasos a seguir, informa la Voz de América.
“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, aseguró en un mensaje enviado a la prensa.
Organizaciones y activistas de DDHH expresaron preocupación, rechazaron la decisión del Estado venezolano y recordaron sus advertencias sobre la radicalización del gobierno.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (PROVEA), una de las ONG más antiguas del país, aseguró que la medida “aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DDHH que se cometen en el país”.
Desde la Casa Blanca no quisieron entrar en «una reacción inmediata», si bien su portavoz, Karine Jean-Pierre, sí que comentó al ser preguntada sobre el asunto en rueda de prensa: «obviamente es algo que nos preocupa y -obviamente- vamos a seguir monitoreando la situación».
