Por las continuas expresiones de inquietud que este diario ha recogido entre personas o entidades víctimas de desfalcos o de sustracción de títulos de propiedad y bienes inmobiliarios, queda la impresión de que si no hay dinero de por medio, no hay arreglo posible
Por Miguel Franjul*
Si la sociedad no se sacude y enfrenta los entramados de corrupción en el sistema de justicia, la seguridad jurídica, pilar del desarrollo y del Estado de derecho, sucumbirá.
De hecho, las quejas más frecuentes que formulan empresas extranjeras o inversionistas, foráneos y locales, tiene que ver con el truqueo y manipulación de títulos de propiedad.
En otras palabras, con las legítimas dudas de que un proyecto de inversión sea malogrado si intervienen mafias especializadas en estafas, que a su vez se apoyan en fiscales o jueces venales para motorizar las extorsiones.
Por las continuas expresiones de inquietud que este diario ha recogido entre personas o entidades víctimas de desfalcos o de sustracción de títulos de propiedad y bienes inmobiliarios, queda la impresión de que si no hay dinero de por medio, no hay arreglo posible.
En días recientes, un ciudadano denunció que una propiedad suya en la Ciudad Colonial fue ocupada por una señora que alegó ser la dueña, pese a que él demostró que la había adquirido formalmente con un préstamo bancario, con título legal.
Lo más nauseabundo es que el contubernio se dé entre mafias y fiscales, en un entramado en que estos últimos diseñan estrategias de defensa, borran u omiten pruebas y hasta desaparecen las evidencias de los depósitos.
La borradura de expedientes, por cuya causa están bajo investigación varios fiscales, es una muestra de lo fácil que resulta a cualquier delincuente, no condenado pero sí fichado, ocupar puestos públicos o electivos.
También se señalan los casos de “empresas” inmobiliarias y constructoras que usan esquemas de estafas para timar a adquirientes de propiedades inexistentes.
Cuando el contubernio se da con narcotraficantes o con tratantes de migrantes, la seguridad nacional queda en estado de vulnerabilidad.
Una situación como esta no puede persistir. Ni las autoridades pueden seguir cruzadas de brazos, incapaces de echar a latigazos a los mercaderes del templo.
La náusea que genera es tan profunda que ya resulta insoportable.
*Miguel Franjul es director del periódico Listín Diario, decano de la prensa nacional.
