- El informe de República Dominicana en la reunión semestral de la SIP en Miami advierte que la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, contiene artículos que abren el camino a restricciones
- La SIP expresó el temor de que la ley pueda tener «implicancias negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad»
Miami, EEUU – La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, advirtió que la ley que crea y regula la Dirección Nacional de Inteligencia en la República Dominicana, contiene artículos que abren el camino a restricción a la prensa y la libertad de expresión.
Al concluir su reciente reunión de medio año, que tuvo lugar en esta ciudad del 17 al 19 de abril, el capítulo de conclusiones sobre República Dominicana, señala que en este período entró en vigencia la ley 1-24, que crea y regula la Dirección Nacional de Inteligencia, “lo que trae nuevos riesgos para las libertades de prensa y de expresión.”
La legislación, aprobada el 29 de diciembre, contiene artículos que abren el camino a restricciones, según la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), organizaciones de la sociedad, especialistas en Derecho y la Iglesia Católica.
El artículo 11 es el más controversial. Faculta a la DNI a obligar a instituciones privadas o personas físicas para que entreguen toda la información que se les requiera, lo cual se interpreta como elemento coercitivo de derechos fundamentales y cortapisa a la libertad de prensa.
La SIP expresó el temor de que la ley pueda tener «implicancias negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad».
A raíz de las críticas, el presidente Luis Abinader instruyó que una comisión intersectorial, en la que fue incluida la SDD, revise la ley y proponga salvaguardas.
La comisión trabajó durante tres meses en la reforma del texto y aún se procura el consenso entre el sector oficial, la SDD y otras organizaciones convocadas al diálogo y que objetaron la ley, debido a sus ambigüedades y sus violaciones a las normas constitucionales. El trabajo de la comisión aún no terminó.
Se aguardan fallos del Tribunal Constitucional, que recibió siete recursos de inconstitucionalidad.
También en el Congreso hay otros cinco anteproyectos para modificar la ley, presentados por distintas organizaciones.
En paralelo al informe de recomendaciones para modificar la Ley 1-24, la comisión consultiva intersectorial constituida por el presidente Abinader en junio de 2022 entregó otro informe, pero para la reforma de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento.
El 25 de marzo, el presidente Abinader se reunió con una delegación para examinar algunos puntos del anteproyecto.
Quedó claro que no existe necesidad de agravar las penas para los delitos de difamación e injuria que se cometan por cualquier medio, incluidas las plataformas digitales.
Se espera que el nuevo proyecto de ley sea sometido al Congreso.
