Contra la estructura criminal desmantelada se recopilaron más de 200 elementos probatorios, en una pesquisa en la que intervino la División Especial de Investigación del Crimen Organizado (DEICROI), con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones, (FBI) de los Estados Unidos
Santiago, República Dominicana — La Fiscalía de Santiago depositó el escrito de acusación formal contra los nueve integrantes de una estructura criminal que durante años se dedicó al tráfico y comercialización de armas de fuego y municiones, y que tenía su centro de acopio en el municipio Licey al Medio.
La acusación que atribuye delitos por tráfico internacional, porte y tenencia de armas de fuego, se presentó contra Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vásquez, Sixto de Jesús Rosario Paulino, Rosalba María Estrella López, Jayro Diplán Guzmán, Marcos de Jesús Diplán Diplán, Félix Francisco Vásquez Peralta y Valentín de Jesús Caraballo Guzmán.
La Fiscalía de Santiago, que trabajó durante varios meses en el estudio de esta red de tráfico de armas junto a organismos como la División Especial de Investigación del Crimen Organizado (DEICROI) con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, determinó que la estructura recibía armas ilegales y municiones utilizando los servicios de compañías de transporte de mercancías internacionales o Shipping.
La investigación que requirió la implementación de diligencias como la vigilancia y escuchas telefónicas, desveló que parte de la estrategia para el tráfico de las armas era ocultarlas dentro de mercancías de uso doméstico, para enviarlas a Santiago, específicamente al municipio Licey al Medio.
Según las autoridades, varios de los integrantes de esta red se encargaban del trasiego, tráfico, almacenamiento y comercialización de las armas de fuego a nivel local y utilizaban sus domicilios y los de sus padres como centros de almacén.
Los delitos que se les imputan a los encausados que, además de la actividad criminal societaria, mantienen un vínculo familiar, constituyen violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores.
Además, por transgredir los artículos 66, 67, 68, 70, 71 y 73 (numerales 1, 2, 4) de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados que tipifican y sancionan el tráfico ilícito, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, en perjuicio del Estado dominicano.
Frente a la acusación presentada, el titular de la Fiscalía de Santiago Osvaldo Bonilla Hiraldo, entiende que el tráfico de armas de fuego contribuye decisivamente a incrementar la violencia, especialmente los homicidios.
Bonilla sostiene que “estamos llamados a ejercer una persecución efectiva, por cuanto la lucha contra el tráfico de armas de fuego a gran escala, debe unificarnos a todos, a las fuerzas vivas y a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado quienes estamos llamados a combatir el delito, ya que la proliferación de las armas es una amenaza para la seguridad pública, y crucial para la delincuencia organizada”.
El escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio fue depositado ante el despacho penal del juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción de este distrito judicial de Santiago.
Los integrantes de la estructura criminal fueron arrestados en medio de más de 20 allanamientos simultáneos que este órgano de investigación realizó en el 2023, junto a varias agencias de persecución en los municipios Licey al Medio, provincia Santiago y Moca, en la provincia Espaillat.
Los cabecillas de esta red criminal permanecen en cumplimiento de la prisión preventiva de 18 meses que le fuera dictada en atención a la solicitud que hizo la Fiscalía de Santiago.
Entre las armas ocupadas hay 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock 9 milímetros; 3 revólveres y 2 escopetas, así también 700,000.00 pesos en efectivo, vehículos y equipos electrónicos.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas ilegales.
La investigación que requirió la implementación de diligencias como la vigilancia y escuchas telefónicas, desveló que parte de la estrategia para el tráfico de las armas era ocultarlas dentro de mercancías de uso doméstico, para enviarlas a Santiago, específicamente al municipio Licey al Medio.
