El acuerdo fue anunciado durante una reunión de la referida comisión, en la que participaron representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD), el Gobierno, sector empresarial, juristas y la sociedad civil.

Comisión presentará propuesta a presidente Abinader. Proyecto será llevado al Congreso en los próximos días. Actualización garantiza respeto al secreto de las fuentes periodísticas.

Santo Domingo, República Dominicana – Tras varios meses de discusiones, la comisión encargada de revisar la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo sobre las modificaciones propuestas y presentará su informe al presidente Luis Abinader.

El acuerdo fue anunciado durante una reunión de la referida comisión, en la que participaron representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD), el Gobierno, sector empresarial, juristas y la sociedad civil.

La propuesta, que además será sometida al Congreso Nacional en los próximos días, busca corregir las ambigüedades señaladas por diversos sectores, especialmente en torno a los derechos de la prensa y la privacidad.

Acuerdo tras consultas con diversos sectores

Persio Maldonado Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y vocero de la comisión, explicó que después de meses de conversaciones con representantes del Gobierno y otros sectores, se logró consensuar una propuesta de cambios a la Ley 1-24.

“Hemos estado haciendo un esfuerzo para construir una versión que nos permita corregir lo que entendíamos eran ambigüedades de la ley”, manifestó el también director general de El Nuevo Diario.

Según Maldonado, las modificaciones proponen un marco legal más claro, con un enfoque en evitar riesgos y proteger las libertades fundamentales que están consignadas en la Constitución dominicana.

Aseguró que el trabajo realizado consistió «en que los abogados nos permitían construir una versión lo más cercana a la Carta Magna, a los derechos ciudadanos, a los derechos establecidos en la Constitución y, sobre todo, ayudar a construir una ley en un Gobierno democrático, que merece tener un buen sistema de seguridad nacional y una buena ley donde no haya riesgos».

Los artículos 9, 11 y 26, que habían sido objeto de preocupación por parte de la SDD debido a su posible impacto en la libertad de prensa y el secreto profesional, fueron revisados, según informó Maldonado, quien agregó que la actualización de la ley establece explícitamente que se deben respetar los secretos de las fuentes periodísticas, un aspecto fundamental para garantizar la protección de la labor de los medios de comunicación, de la prensa, en el país.

«Se ha hecho una buena revisión de ella (de la ley) y yo creo que tanto los sectores involucrados en la comisión de abogados, que ha tenido un trabajo enjundioso en esto, (…) y la actitud del Gobierno de tener la flexibilidad de admitir que es posible revisar una ley de recién aprobación. De manera que básicamente ahí se han centrado los cambios en esta revisión», dijo.

Ajustes en la autorización judicial para el DNI

Maldonado Sánchez explicó que se incluyó una disposición específica, que exige que cualquier actuación de la DNI cuente con autorización judicial previa.

En ese sentido, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, expresó que aunque este requerimiento ya estaba implícito en la ley, se decidió hacerlo explícito en cada artículo relevante para eliminar cualquier posible ambigüedad.

Asimismo, expresó que el Gobierno ha cumplido con su palabra de acoger las sugerencias de la comisión. “Desde el inicio, dijimos que estábamos dispuestos a mejorar la ley si se consideraba necesario y eso es lo que hemos hecho aquí hoy”, declaró el funcionario.

El contexto

Las discusiones sobre la Ley 1-24 surgieron después de que la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresara públicamente su preocupación respecto a las ambigüedades en varios artículos de la legislación, en particular los relacionados con la libertad de prensa y la privacidad. Los artículos 9, 11 y 26 fueron señalados como los más preocupantes, debido a sus posibles impactos en los derechos de los periodistas para proteger sus fuentes y el secreto profesional.