La autoridad electoral de Colombia abrió una investigación administrativa sobre un posible exceso de gastos en las cuentas de campaña del presidente Gustavo Petro para las elecciones presidenciales de 2022, una decisión que Petro calificó como un intento de «golpe de Estado»
Bogotá, Colombia — La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia decidió abrir una investigación formal sobre la campaña presidencial del mandatario Gustavo Petro por presuntas irregularidades en los límites de la financiación.
Además del presidente, las mayorías del tribunal electoral decidieron imputar al gerente de la campaña ‘Petro Presidente 2022-2026’, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, así como a otros responsables de esta: María Lucy Soto Caro y Lucy Mogollón, quienes se desempañaron como tesoreras, y Juan Carlos Lemus Gómez, auditor.
Asimismo, a los partidos Movimiento Político Colombia Humana y Unión Patriótica.
«La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en sesión decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato y Ricardo Roa, gerente de campaña», señala un comunicado.
Más tarde, el mandatario respondió, a través de su cuenta de X: “Ha comenzado el golpe de Estado”.
En septiembre, Petro reiteró que en el país se está orquestando un “golpe de Estado” en su contra desde el CNE, ante la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña política que lo llevó a la presidencia en 2022, informa nuestra aliada de medios, la Voz de América.
Sin embargo, la autoridad electoral no cuenta con esa facultad. Solo una autoridad judicial podría imponer la pérdida del cargo.
Un documento del CNE indica que «al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se le endilga la presunta vulneración al límite de gastos» en la primera vuelta de la campaña por la suma de unos 3.709 millones de pesos (876.832 dólares), según lo establece la ley. Indagaciones preliminares señalan que hubo aportes que sobrepasaron en unos 5.355 millones de pesos (aproximadamente 1,27 millones de dólares).
En este, sentido, también señala que, para la primera vuelta, la campaña omitió aportes hechos por el sindicato de profesores FECODE por 500 millones de pesos (unos 118.000 dólares), por el sindicato obrero USO por 379 millones de pesos (89.598 dólares). Un préstamo realizado del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, por 500 millones de pesos.
Además, de omitir el reporte de los pagos a testigos electorales, por la suma de 921 millones de pesos (218.403 dólares), el reporte de gastos por propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos (84.000), y pagos efectuados al movimiento Colombia Humana por 500 millones de pesos,
Para la segunda vuelta, se encontraron cinco faltas más que incluyen omitir el reporte del pago de testigos electorales, así como los vuelos privados de una empresa de aviación, entre otros y se formulan a cargos «por la presunta vulneración al límite de gastos» por la suma de 1.600.000 millones de pesos (unos 382.466 dólares).
Petro enfrenta no solo acusaciones de corrupción dentro del Gobierno, sino que su administración lucha por una aprobación del presupuesto para 2025 y las reformas que aún no ven la luz en un legislativo con mayorías opositoras.
