- El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones contra miembros del gobierno de Venezuela, entre ellos integrantes del gabinete ministerial y de las fuerzas de seguridad vinculados con tácticas represivas tras las elecciones del 28 de julio
- Hasta el momento la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC por sus siglas en inglés), que aseguró que Maduro ha ordenado reprimir a la sociedad civil, ha sancionado a más de 150 funcionarios venezolanos y 100 entidades por «ejecutar acciones antidemocráticas y violar los derechos humanos»
Washington, EEUU — La administración del presidente Joe Biden impuso sanciones contra miembros del gobierno de Venezuela, entre ellos integrantes del gabinete ministerial y de las fuerzas de seguridad vinculados con tácticas represivas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, anunciaron altos funcionarios del gobierno estadounidenses este miércoles.
El Departamento del Tesoro sancionó a 21 funcionarios de seguridad y de gabinete alineados con el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que han incurrido en actos “antidemocráticos”, entre ellos 15 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la milicia bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM).
Las personas sancionadas son: Rubén Santiago Servigna, comandante general de la GNB; Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo de Cabello; Javier Marcano Tabata, director de la DGCIM y Orlando Romero Bolívar, comandante de la Milicia Bolivariana.
Además, Dilio Rodríguez, comandante de la REDI Capital; José Herrera, jefe del comando de la zona 51 de la GNB; Carlos Eduardo Aigster, comandante de la ZODI Miranda; Jesús Rafael Villamizar, comandante de la REDI Central; Ángel Balestrini, excomandante de la ZODI Aragua; Pablo Lizano, excomandante de la ZODI Carabobo; Luis Reyes, excomandante de la ZODI Yaracuy; José Rivera, director de servicios de la División de Mantenimiento y Orden Interno de la GNB; Alberto Matheus, director de la División de Logística de la GNB; Jesús Fernández, director de disponibilidad operacional de la GNB.
También Daniella Cabello, presidenta de la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones e hija del ministro de Interior y Justicia; Aníbal Coronado, ministro de la oficina de Maduro; William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo; Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación; Freddy Ñañez, ministro de Comunicaciones; Julio Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios y América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
“Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedad de las personas designadas, y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, 50% o más de ellas, individualmente o con otras personas bloqueadas, que se encuentren en EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportadas a la OFAC”, precisó una funcionaria.
Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen ciertas transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados “pueden exponerse a sanciones o estar sujetas a una acción coercitiva”, informa nuestra aliada de medios, la Voz de América.
El Departamento de Estado, además, impuso nuevas restricciones de visa a un número significativo de funcionarios que «socavaron» el más reciente proceso electoral en Venezuela.
Hasta el momento la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC por sus siglas en inglés), que aseguró que Maduro ha ordenado reprimir a la sociedad civil, ha sancionado a más de 150 funcionarios venezolanos y 100 entidades por «ejecutar acciones antidemocráticas y violar los derechos humanos».
“Nuestra política de sanciones busca incentivar acciones democráticas en Venezuela, único camino para resolver la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. Continuaremos promoviendo la rendición de cuentas de Maduro y sus representantes mientras continúen reprimiendo al pueblo”, insistió otro funcionario este miércoles.
Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria al excandidato Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2400 detenidas. A cuatro meses de la elección, la autoridad electoral venezolana no ha divulgado resultados disgregados.
Países como Estados Unidos y Ecuador han reconocido como presidente electo de Venezuela a González Urrutia, quien ha dicho que tiene previsto volver al país para tomar posesión del cargo el 10 de enero, como establece la Constitución.
En abril, Estados Unidos revocó una licencia que autorizaba transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela por considerar que el gobierno de Maduro incumplió compromisos asumidos en materia de garantías electorales, pero permitió la posibilidad de que se emitan licencias específicas.
Si bien la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista, todavía es una incógnita cuál será la posición que asumirá el presidente electo, Donald Trump, si una política de máxima presión como en su primer período o una posición más moderada como la que adoptó el actual mandatario, Joe Biden.
Trump, que pocas veces nombró a Venezuela durante su campaña, y cuando lo hizo fue con imprecisiones, volverá a ocupar la Casa Blanca en medio de un complejo panorama en la nación suramericana, y en un contexto en el que varios conflictos internacionales en los que se ven envuelto importantes corredores energéticos, están en curso.
Las relaciones entre EEUU y Venezuela viven uno de sus peores momentos desde que rompieron relaciones en 2019, durante la primera administración de Trump, que instauró una política de máxima presión y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Guaidó fue reconocido por al menos cincuenta países bajo el argumento de que el proceso electoral en el que en 2018 Maduro obtuvo la reelección fue “fraudulento”.
En 2022, tras la invasión de Rusia Ucrania, se abrió un canal directo entre Washington y Caracas que derivó en el canje, a finales del año pasado, de un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela por Alex Saab, un cercano colaborador de Maduro, actualmente ministro de Industrias, que era procesado en EEUU por lavado de capitales.
Posteriormente el gobierno venezolano acusó a EEUU de incumplir dos memorandos de entendimiento firmados con representantes de la administración de Biden, uno sobre materia migratoria y otro sobre aspectos políticos y diplomáticos, orientados a normalizar las relaciones entre ambos países.
