En su informe de balance del año 2024, Participación Ciudadana sugiere continuar protegiendo las fronteras, acabar con la corrupción en el trasiego de haitianos y establecer mecanismos para proteger aquellos que contribuyen a la sostenibilidad y crecimiento de la economía dominicana
Santo Domingo, República Dominicana – En su informe-resumen anual de 2024, Participación Ciudadana resalta la preocupación por el tema haitiano, tras entender que el país debe ser prudente, equilibrado y firme en torno a la difícil situación en que nos encontramos al compartir la isla con un país que sufre una profunda crisis económica, política, institucional y social.
Al mismo tiempo, la entidad dice que se debe seguir manteniendo, tanto una relación comercial como un controlado suministro de la fuerza laboral que el país requiere para la producción agrícola, la construcción y otros servicios.
“Con firmeza, pero respetando el debido proceso y los derechos humanos, debemos continuar protegiendo nuestras fronteras, acabando con la corrupción en el trasiego de haitianos y estableciendo mecanismos institucionales para la estabilidad de aquellos trabajadores de origen haitiano que contribuyen a la sostenibilidad y crecimiento de la economía dominicana”, indica el informe.
Añade que la economía dominicana retomó en el 2024 su ritmo de crecimiento económico y se espera que termine el 2024 alrededor del cinco por ciento, el mayor de América Latina. La inflación a octubre estaba en 3.2%, y se estima que termine el año cerca del 3%. Participación Ciudadana entiende que el gobierno debe reducir el ritmo de endeudamiento público y atender las necesidades de inversión con una modificación y eficientización fiscal.
“Uno de los temas más preocupantes en el 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias dilatorias, aplazando por meses las audiencias por causas injustificables”, señala el informe.
“En casos como el denominado Camaleón, sorprendió que a un imputado se le variara la prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró un listado de jueces y auxiliares en un claro propósito de incidir sobre los casos, poniendo en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del poder judicial.”
Agrega que “El panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudiera comprometer el proceso en algún aspecto.”
Pondera que la sociedad dominicana ha experimentado cambios desde el 2017. Un mayor nivel de participación social viene produciéndose en el cuerpo social dominicano.
“La vigilancia social se expresa con impugnaciones a todo aquello que se considera contrario al orden institucional, el respeto a las normas y a las leyes vigentes. En esa perspectiva se produjo el rechazo generalizado a la Ley del DNI, así como al decreto del presidente designando al director de compras y contrataciones en la presidencia de la Alianza Público- Privada, para que desempeñara los dos cargos a la vez.”
Participación Ciudadana reitera su compromiso para el 2025 de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en República Dominicana, vigilando el uso de los recursos públicos y la aplicación de justicia en los casos de corrupción y, sobre todo, acompañando al pueblo dominicano en sus aspiraciones de una mejor vida y en el respeto de sus derechos.