El proyecto sometido por la vicepresidenta de la Cámara Alta, Faride Raful, plantea la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, adscrito al Ministerio de la Presidencia.

La Asociación de Bancos afirma que existen algunas disposiciones contenidas en la pieza que, ellos entienden, deben ser revisadas con detenimiento por el Poder Legislativo.

Santo Domingo, República Dominicana — Los gremios que agrupan al sector financiero nacional presentaron observaciones al proyecto de ley destinados actualizar el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) para que ese organismo no intervenga en sus operaciones porque podría ocasionar perjuicio.

La comunicación fue enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, bajo la firma de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, (LIDAAPI) y la Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios, (ADOCAMBIO).

En el comunicado entregado en la Cámara de Diputados dijeron los directivos de la Asociación de Bancos que existen algunas disposiciones contenidas en la pieza que, ellos entienden, deben ser revisadas con detenimiento por el Poder Legislativo, con el fin de adecuarlas a una redacción que salvaguarde la armonía legislativa y que procure una aplicación efectiva y razonable de esta iniciativa legal.

Advirtieron que, de permanecer la redacción actual, podría ocasionar significativos perjuicios al sistema financiero, lesionando, además, derechos fundamentales y constitucionalmente protegidos en el país. 

Comunicaron que los bancos, en el caso de las entidades de Intermediación Financiera (EIFs) (que se encuentran ya reguladas, supervisadas y fiscalizadas por los organismos que componen la Autoridad Monetaria y Financiera), las informaciones se soliciten vía la Superintendencia de Bancos, a los fines de preservar la obligación de confidencialidad que estas deben cumplir, conforme el artículo 56 literal b, de la Ley 183-02, modificada por la Ley 249-17. 

En el documento, los gremios resaltaron el aporte que este proyecto de ley constituye para la institucionalidad en la República Dominicana, contribuyendo a que el Estado disponga de servicios de inteligencia eficaces y especializados, capaces de enfrentar los retos actuales para garantizar la seguridad, estabilidad y soberanía nacional, así como la integridad de su patrimonio.