En una carta entregada la semana pasada a la directiva de la Cámara, el presidente de ADOCCO, Eduardo Valdez González, argumentó que solo un análisis forense detallado puede desentrañar las complejas cuestiones relacionadas con el manejo de importantes partidas del presupuesto nacional durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024
Santo Domingo, República Dominicana – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó oficialmente a la recién formada Cámara de Cuentas que inicie auditorías forenses en diez instituciones gubernamentales, alegando graves irregularidades financieras durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024.
En una carta entregada la semana pasada a la directiva de la Cámara, el presidente de ADOCCO, Eduardo Valdez González, argumentó que solo un análisis forense detallado puede desentrañar las complejas cuestiones relacionadas con el manejo de importantes partidas del presupuesto nacional.
Según ADOCCO, el Ministerio de Educación debe ser investigado no solo por la adquisición de bienes y servicios, sino también por los contratos cuestionables otorgados a asesores y contratistas responsables de la reconstrucción y reparación de las instalaciones escolares.
Las preocupaciones de la organización se extienden a las agencias afiliadas al Ministerio, como la Dirección de Infraestructura Escolar y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), donde ADOCCO alega gastos opacos en la modernización de las instalaciones y programas de apoyo estudiantil.
Valdez González enfatizó que las auditorías forenses se diferencian de los exámenes financieros rutinarios al emplear técnicas de investigación —que combinan las habilidades de auditoría con la experiencia legal y criminológica— para detectar, documentar y prevenir el fraude.
«Manejar grandes asignaciones sin transparencia fomenta oportunidades de malversación de fondos públicos», señaló. «Las investigaciones forenses son la única manera de descubrir la verdad y exigir responsabilidades a los responsables ante la ley».
El Ministerio de Cultura también ha sido señalado por presuntas irregularidades en la gestión de la Feria Internacional del Libro, tanto en 2023 como en 2024, bajo la dirección de la exministra Milagros Germán.
ADOCCO alega que los contratos para la producción de eventos y la selección de proveedores no se sometieron a los procesos de licitación competitivos exigidos por la ley, lo que resultó en tarifas de servicios infladas y un trato preferencial para empresas vinculadas a figuras políticas.
Mientras tanto, en el sector agrícola, ADOCCO solicita un análisis profundo de las prácticas de contratación del Ministerio de Agricultura y su ejecución del programa de control de la peste porcina africana (PPA). Según la alianza, persisten interrogantes sobre cómo se adjudicaron los contratos de vacunas, equipos y servicios veterinarios, así como sobre cómo se desembolsaron los fondos destinados a proteger la industria porcina nacional.
La Empresa Dominicana de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) enfrenta acusaciones de eludir al Ministerio de Obras Públicas para adjudicar directamente contratos de infraestructura en San Cristóbal. Estos contratos, según ADOCCO, benefician desproporcionadamente a constructoras locales vinculadas a su director.
Paralelamente, el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) ha salido a la luz pública por su presunta concesión de préstamos a personas que no cumplían con los requisitos establecidos por el banco. El portavoz de ADOCCO indicó que estos supuestos beneficiarios con «conexiones políticas» recibieron un trato favorable, lo que pone en duda la integridad de los procedimientos de evaluación crediticia del banco.
Otras entidades que enfrentan un examen forense propuesto incluyen el Fideicomiso Público-Privado de Residuos Sólidos ([DO] SOSTENIBLE), que según ADOCCO ha incurrido en prácticas ambiguas de contratación y asignación de fondos; el Instituto Nacional de Formación y Desarrollo Docente (INAFOCAM), donde los registros de financiamiento de programas carecen de la documentación adecuada; y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), que ha sido señalado por un posible gasto no autorizado en contratos académicos y administrativos.
“La solicitud de ADOCCO refleja la creciente frustración pública ante la percepción de impunidad de los funcionarios”, declaró Valdez González. Enfatizó que, una vez concluidas las investigaciones, cualquier persona declarada culpable de mala gestión o corrupción deberá enfrentar consecuencias legales. “Los ciudadanos merecen transparencia y la garantía de que los recursos públicos cumplan su propósito”, añadió.
La Cámara de Cuentas, recientemente reconstituida para fortalecer la supervisión del gasto público, ahora tiene la responsabilidad de determinar el alcance, el cronograma y la metodología de estas auditorías forenses. Según la legislación dominicana, la Cámara está facultada para contratar expertos externos cuando sea necesario, lo que significa que estas investigaciones podrían implicar la colaboración de contadores forenses especializados y profesionales del derecho.
Al solicitar estas auditorías, ADOCCO busca más que simples revisiones de procedimiento: exige un desmantelamiento integral de las prácticas financieras opacas que erosionan la confianza pública. Al centrarse en diez instituciones que gestionan colectivamente miles de millones de dólares de los contribuyentes, la alianza pretende enviar un mensaje claro: los abusos fiscales, ya sean grandes o pequeños, no deben quedar impunes.
