El legislador federal por Nueva York señala que la JCE viola la Constitución y el derecho al sufragio de la diáspora al no celebrar elecciones primarias del PRM en el exterior
Por Adriano Espaillat*
No nos cansaremos de decir que negar el derecho al voto a los dominicanos de la diáspora, que aportan con su arduo trabajo más de $10,000 millones de dólares en remesas a la economía dominicana anualmente, es tratarlos como ciudadanos de segunda clase.
El 10 de marzo de 2020, en una carta enviada al Dr. Julio César Castaños Guzmán, entonces presidente de la Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana, le solicitamos que este organismo celebrara las elecciones presidenciales y legislativas en el exterior, pautadas para el 5 de julio del señalado año.
En la carta nos hacíamos eco del deseo de ejercer su derecho al voto, tal como lo consigna la Constitución de la República Dominicana, de los 589,497 dominicanos que entonces estaban inscritos para votar.
Estábamos en un momento único en el mundo, en medio de la pandemia de COVID-19, pero sabíamos que, con la aplicación de los protocolos sanitarios establecidos por la JCE para velar por la salud y el bienestar de las personas y sus comunidades, se realizaría una jornada electoral exitosa.
Y la razón estuvo de nuestra parte.
Lograr que la JCE celebrara las elecciones en el exterior conllevó un gran esfuerzo que fue muy bien valorado por toda la sociedad dominicana que reconoce los aportes de los dominicanos de la diáspora, y hasta el propio presidente Luis Abinader, quien resultó ganador de aquel proceso democrático, nos felicitó en su discurso de toma de posesión.
Este domingo, 1 de octubre de 2023, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, celebrará primarias con padrón cerrado, para escoger a su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2024, con la supervisión de la JCE.
Pese a que este partido solicitó que le organizaran su primaria en el exterior, la JCE lo rechazó atendiendo a varias razones, incluyendo lo que ya estaba estipulado en la proclama que declaró abierto el periodo de precampaña, que indica que «la celebración de elecciones primarias solo tendrá alcance local, por tanto, la elección de sus candidatos y candidatas se limitará al ámbito de la República Dominicana, excluyéndose la celebración de elecciones primarias en el exterior».
Este rechazo de la JCE es un duro golpe para los miles de electores del partido oficialista que buscaban participar en este proceso democrático y elegir a su candidato favorito, y es una lamentable muestra de que todavía esta entidad no ha asimilado, en todo su valor, que el derecho constitucional de elegir y ser elegidos, tal como lo establece el Artículo 22 de la Carta Magna, es un derecho adquirido de los dominicanos que residen en el exterior durante muchos años de lucha y sacrificio.
Los dominicanos del exterior tienen derecho de participar en las primarias de República Dominicana, tanto en las presidenciales como en las legislativas, igual que los dominicanos de la isla.
Y tanto a través de cartas, como en reuniones personales y artículos de opinión, hemos solicitado a la JCE que respete el derecho de elegir y ser elegidos de los dominicanos del exterior, incluyéndolos en todos los procesos electorales de la República Dominicana, y especialmente en las primarias, de donde salen los candidatos que participarán en las elecciones generales.
Esta preocupación no solo debe ser nuestra, debe ser de todos, y mucho más del gobierno que encabeza el honorable presidente Luis Abinader, quien, ante el rechazo de la JCE de celebrar las primarias de su partido en el exterior, ha debido actuar con más firmeza, hacer un esfuerzo mayor para que la voz de los miles de dominicanos del exterior se dejara escuchar en las urnas.
No nos cansaremos de decir que negar el derecho al voto a los dominicanos de la diáspora, aportan con su arduo trabajo más de $10,000 millones de dólares en remesas a la economía dominicana anualmente, es tratarlos como ciudadanos de segunda clase.
No nos cansaremos de subrayar que ya es hora de que haya un puesto permanente en la mesa de diálogo en la República Dominicana para los dominicanos de la diáspora, y en especial para la toma de decisiones tan cruciales como las electorales.
Esperamos que la JCE, como entidad de sostén de la democracia, cumpla con su misión de garantizar los derechos políticos de todos los dominicanos, independientemente del lugar donde residan, celebrando elecciones en el exterior, y reconozca y tome en cuenta en sus normas que los dominicanos de la diáspora tienen los mismos derechos que los dominicanos de la isla, y que son un pilar de enorme importancia para el desarrollo democrático de la República Dominicana.
Esperamos que el presidente Abinader tome medidas más firmes para defender el derecho constitucional de elegir y ser elegidos de los dominicanos de la diáspora, y deje su impronta en este sentido como la dejaron con sus demandas, luchas y acciones líderes como José Francisco Peña Gómez.
*El autor es congresista demócrata representante del 13er Distrito Congresual de Nueva York ante el Congreso de los Estados Unidos, y primera figura de origen dominicano en ser elegido congresista a nivel nacional en Estados Unidos.
