- Una pareja de octogenarios residente en Estados Unidos alega que pierde $1.6 millones en estafa inmobiliaria en República Dominicana. Exigen justicia tras 15 años de lucha y 47 viajes al país para reclamar ante los tribunales lo que les pertenece
- Fuentes del Poder Judicial confirmaron que el fallo definitivo se conocerá el 13 de marzo. Mientras, abogados de las víctimas acusan a los implicados de «violar el Código Procesal Penal» al retrasar el proceso. La defensa insiste en que se trata de un «incumplimiento contractual», no de un delito.
Santo Domingo, República Dominicana – Un prestigioso investigador de Harvard de 88 años y su esposa denuncian haber sido víctimas de un millonario fraude en Juan Dolio, donde invirtieron sus ahorros de toda la vida en una villa que nunca recibieron.
El caso, que llega esta semana a un tribunal de apelación en Santo Domingo, expone fallas en la regulación de proyectos inmobiliarios y ha reavivado el debate sobre la protección a inversionistas extranjeros.
Eduardo Troya y Eveling Montás liquidaron sus bienes en EE.UU. —incluida una hipoteca sobre su vivienda— para comprar una propiedad en el Caribe, atraídos por promesas de altos rendimientos.
Según documentos judiciales, las empresas Groupmetro S.A. y Playa Marota, representadas por Luis José Asilis Elmudesi, presuntamente emitieron certificados financieros sin respaldo legal.
«Nos dieron papeles que valían menos que el rollo de baño», declaró Troya ante la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación durante la audiencia citada por varios medios locales.
El escándalo revela un patrón alarmante: al menos 47 viajes realizó la pareja desde 2008 para reclamar sin éxito. «Cada visita nos cuesta hasta $5,000. A nuestra edad, esto es un tormento», dijo Montás.
Pese a que un tribunal ordenó en 2021 el pago de $5.2 millones en compensación —incluyendo daños punitivos—, los acusados alegan inocencia y apelan la sentencia.
Fuentes del Poder Judicial confirmaron que el fallo definitivo se conocerá el 13 de marzo. Mientras, abogados de las víctimas acusan a los implicados de «violar el Código Procesal Penal» al retrasar el proceso. La defensa de Asilis insiste en que se trata de un «incumplimiento contractual», no de un delito.
El caso ha impulsado llamados para crear una Fiscalía Especializada contra Estafas Inmobiliarias, mientras analistas advierten sobre el riesgo para la imagen del país como destino de inversión. Para Troya y Montás, más que el dinero, buscan un precedente: «Que nadie más sufra esto», concluyeron.
