La defensa técnica de los imputados calificó de nuevo el expediente del Ministerio Público como uno “politiquero” y “disparatoso”.
Santo Domingo, República Dominicana–Durante la audiencia de este jueves que se sigue a los imputados del caso Odebrecht, la testigo María Álvarez validó más de 100 pruebas introducidas por el Ministerio Público para demostrar que las empresas de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Andrés Bautista supuestamente lavaron activos y fueron utilizadas para recibir y manejar sobornos de la multinacional brasileña.
Según explicó el magistrado Wilson Camacho, los procesos judiciales “sólo se ganan aportando pruebas” y aseguró que la barra del Ministerio Público se ha enfocado en incorporar pruebas que sustenten la acusación que se originó en el 2016 sobre el recibimiento de más de $92 millones de dólares en sobornos para beneficiar a Odebrecht con obras en el país.
Álvarez es la sexta testigo que presenta el Ministerio Público y su función primordial en el juicio es validar los informes societarios de las empresas de algunos de los imputados y revelar sus actas de asambleas, contratos de préstamos y nóminas de accionistas para así tratar de demostrar que entre ellos existe el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Esta testigo fungió desde el 2015 como analista de Investigaciones Criminales de la Procuraduría General de la República (PGR) y actualmente ofrece sus declaratorias basadas en los informes que recibió de la Cámara de Comercio en relación a las empresas de algunos imputados en el caso.
En ese orden, Camacho garantizó que, aunque la testigo lleva dos días declarando, el Ministerio Público está dispuesto a “durar el tiempo que sea necesario” para seguir incorporando documentos y probar la acusación de las autoridades.
Las empresas que la testigo ha declarado como las que supuestamente se utilizaron para lavar activos son Indoequipesa, Díaz Rúa y Asociados, Constructora Solaris, Roymar, Copadan, Adeline Corporation e Incarna, todas propiedades de Díaz Rúa, Rondón y Bautista.
La última empresa que la testigo se disponía a acreditar en la audiencia de este jueves era Incarna, una institución de la que Bautista, expresidente del Senado, es accionista desde el 2010.
Antes de que Álvarez iniciara con sus validaciones, la barra defensora de Bautista se propuso objetar la primera prueba presentada, pero por lo avanzado de la hora, la presidente del Tribunal, Giselle Méndez, recesó el juicio hasta este lunes a las 9:00 a.m.
Ante estas validaciones que ha realizado la testigo durante dos días, el abogado Miguel Valerio, defensor de Díaz Rúa, reiteró su argumento en el que expresa que el expediente contra su cliente “es un disparate” y afirmó que la testigo sólo ha acreditado “un reguero de papeles”.
En ese sentido, el jurista entiende que aunque el Ministerio Público pretende demostrar que hubo enriquecimiento ilícito y lavado de activos, estas acciones no pudieron ser efectuadas por su cliente porque, como explicó, sus empresas cambiaban a su mismo nombre.
“Para que haya lavado, ¿yo voy a lavar con mi misma empresa que se llama Díaz Rúa y Asociados?”, se cuestionó Valerio a la vez que calificó nuevamente el expediente como “disparatoso”.
De su lado, el abogado Carlos Salcedo, defensor de Bautista, asegura que se trata de “un expediente politiquero” porque, según explicó, la empresa Incarna fue creada en el 2010, cuando Bautista no era senador ni funcionario público, por lo que entiende que no hay razón para que esté incluida en el expediente acusatorio del caso Odebrecht.
El abogado sostuvo también que el expresidente del Senado “no es ni siquiera accionista minoritario” de la referida empresa y agregó que su inversión inicial para formar parte de la institución “fue de solo RD$25,000.00 y que, por tanto, los elementos que pretende incorporar la testigo no afectarán a Bautista.