Interrogan funcionarios por presuntos delitos financieros.
Roma, Italia—(ACI Prensa)–La Oficina del Promotor de Justicia y el Cuerpo de la Gendarmería Vaticana continúan con las investigaciones administrativas y contables, en cooperación con autoridades extranjeras, sobre presuntos actos de corrupción financiera entre funcionarios de El Vaticano con vínculos internacionales.
La Oficina de Prensa precisa que la justicia vaticana realizó el martes una nueva operación contra los delitos financieros y ha incautado documentación y equipos informáticos durante un registro de la oficina y la residencia del ex jefe de la Oficina Administrativa de la Primera Sección de la Secretaría de Estado, Mons. Alberto Perlasca.
Un comunicado precisa que el operativo fue ordenado por el Promotor de Justicia, Gian Piero Milano, en el contexto de la investigación de inversiones financieras impulsadas por la Secretaría de Estado en el sector inmobiliario.
Agrega que la pesquisa, acorde con el principio de presunción de inocencia, es consecuencia de los primeros interrogatorios a funcionarios bajo investigación y suspendidos tras la redada llevada a cabo en las oficinas de la Secretaría de Estado y la Autoridad de Inteligencia Financiera el 1 de octubre de 2019.
Según informaciones filtradas entonces por el semanario italiano L’Espresso, la investigación del Promotor de Justicia es por el empleo de la Secretaría de Estado de alrededor de 725 millones de dólares, en parte provenientes del Óbolo de San Pedro (el fondo de caridad del Papa proveniente de colectas realizadas entre los fieles católicos) en operaciones no registradas en la contabilidad.
La mayor parte de esas inversiones, según la información aportada por L’Espresso, se realizaron por medio de sucursales suizas e italianas del Banco de Inversión Credit Suisse.
Además, las acusaciones de malversación de fondos, fraude, abuso de cargos, lavado de dinero y lavado de dinero propio que se encuentran tras la investigación impulsada por el Promotor de Justicia, se refieren también a la compra de un edificio de apartamentos en Londres por valor de 200 millones de euros (223 millones de dólares).
La información de L’Espresso colocaba al financiero italiano Raffaele Mincione en el centro de la trama, quien en nombre del Vaticano habría invertido 200 millones de euros en una compañía petrolera de Angola.
La idea habría partido del Cardenal Angelo Becciu, que entonces todavía no había sido creado cardenal y ocupaba un puesto de funcionario de segundo rango en la Secretaría de Estado. Cuando el proyecto en la petrolera fracasó, el financiero italiano habría sugerido dirigir la inversión a dicho edificio de apartamentos en Londres, reconvirtiendo unos antiguos almacenes en residencias de lujo.
