- Colegio de Abogados exige la aplicación inmediata de la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio en el caso de César Emilio Peralta, alias César el Abusador
- Formuló un llamado firme y categórico al Gobierno dominicano para que solicite su participación activa en las negociaciones y esfuerzos de cooperación penal internacional que sostiene Estados Unidos con otros Estados, orientados a desarticular estructuras criminales transnacionales, detener a sus cabecillas y desmantelar sus redes financieras
Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, formuló un llamado firme y categórico al Gobierno dominicano para que solicite su participación activa en las negociaciones y esfuerzos de cooperación penal internacional que sostiene Estados Unidos con otros Estados, orientados a desarticular estructuras criminales transnacionales, detener a sus cabecillas y desmantelar sus redes financieras.
Potentini sugirió que, a través del Ministerio Público, el país aproveche el caso de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, quien recientemente cuestionó el acuerdo de culpabilidad firmado en 2022 con la Fiscalía de Puerto Rico por el tráfico de unos 450 kilos de cocaína desde Colombia y República Dominicana hacia territorio norteamericano.
El CARD considera oportuno integrarse a las nuevas posibilidades de renegociar dicho acuerdo, con el fin de romper el ciclo de impunidad que —según la entidad— mantienen mafias políticas en complicidad con el crimen organizado. Estas estructuras, afirmó, permanecen ajenas al alcance de la justicia penal y amparadas por sectores oscuros de la vida nacional.
En ese sentido, Potentini planteó que la República Dominicana debe acercarse a la Fiscalía Federal de Puerto Rico, la cual en los próximos días responderá a las alegaciones del imputado, ya que ese espacio procesal podría permitir al país obtener insumos clave para incautar bienes ilícitos y perseguir redes políticas, militares, policiales y empresariales vinculadas al crimen organizado.
El presidente del CARD reiteró que el Estado dominicano debe sumarse con urgencia a los esfuerzos coordinados que se desarrollan en la región para combatir el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, la corrupción pública, el tráfico de armas y otras formas de criminalidad que amenazan la seguridad nacional y erosionan la institucionalidad democrática.
Aplicación inmediata de la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio
El Colegio de Abogados también emplazó a las autoridades a aplicar sin demora la Ley núm. 340-22 sobre Extinción de Dominio, un instrumento jurídico concebido para perseguir, incautar y decomisar bienes y activos derivados del crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción administrativa y otros delitos graves.
La entidad advirtió que la criminalidad organizada ha evolucionado hacia redes más complejas y con estructuras económicas capaces de corromper instituciones, infiltrar sectores productivos y penetrar el poder político. En ese contexto, Potentini subrayó que “la lucha contra el crimen no es opcional, es constitucional, legal y moralmente obligatoria; la cooperación internacional no es injerencia, es corresponsabilidad global; y la persecución de bienes ilícitos no es retaliación, es justicia patrimonial”.
Demandas concretas del CARD
La institución exige que el Gobierno dominicano solicite ser parte activa y permanente en las mesas de cooperación penal internacional con Estados Unidos para combatir la criminalidad transnacional, especialmente en los casos de narcotráfico. Asimismo, propone fortalecer los mecanismos de asistencia judicial recíproca, intercambio de información y operaciones conjuntas con autoridades extranjeras.
El CARD también reclamó la ejecución inmediata de acciones de extinción de dominio sobre bienes bajo sospecha de ilicitud, conforme a la Ley 340-22, para enviar un mensaje claro de que la República Dominicana no es territorio seguro para el crimen ni refugio para fortunas ilegales.
Finalmente, Potentini se refirió a estos temas durante su participación en el programa Matinal 5, transmitido por Telemicro, junto a los conductores Persio Maldonado, Laura Castellanos y Laura Jáquez. En su intervención también abordó los acuerdos del Ministerio Público con imputados de corrupción, así como la evaluación y selección de los miembros de las Altas Cortes.
