Auditoría de la Cámara de Cuentas revela que empleados públicos con sueldos de hasta RD$900 mil recibieron ayudas durante la pandemia
Santo Domingo, República Dominicana – Una nueva auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló que durante la pandemia del COVID-19, decenas de empleados públicos con salarios que alcanzaban hasta los RD$900,000 mensuales recibieron beneficios económicos de los programas de asistencia social implementados por el Gobierno, originalmente dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.
El informe correspondiente al “Examen Coordinado a los Programas de Ayudas Socioeconómicas implementados durante la pandemia del COVID-19”, evaluó la ejecución de los programas “Quédate en Casa”, “FASE” y “Pa’ Ti”, concluyendo que aunque el país contó con un adecuado marco legal e institucional para atender la emergencia sanitaria, hubo deficiencias en los mecanismos de control, inclusión y monitoreo de los beneficiarios.
De acuerdo con el documento, la Cámara de Cuentas comprobó que no se aplicaron filtros eficaces para evitar que empleados del Estado con altos ingresos accedieran a los subsidios, lo que provocó que fondos destinados a los sectores más vulnerables terminaran beneficiando a personas que no cumplían con los criterios de necesidad económica.
“El proceso de selección de beneficiarios careció de una depuración efectiva que garantizara que las ayudas fueran otorgadas exclusivamente a hogares de escasos recursos, según lo establecido en los decretos de creación de los programas”, indica la auditoría.
En los anexos del Informe de Auditoría Coordinada a los Programas de Ayudas Socioeconómicas en el marco del COVID-19 detalla que entre los beneficiarios se encontraban servidores del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Contraloría General de la República, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, entre otras entidades públicas.
Entre los casos detectados figura una empleada del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes que devengaba RD$400 mil mensuales y aun así fue beneficiaria del programa Pa’ Ti, diseñado para trabajadores informales afectados por la crisis sanitaria.
El informe también menciona a un empleado de la Contraloría General con ingresos superiores a RD$600 mil, uno de la Vicepresidencia con RD$300 mil, otro del Ministerio de Medio Ambiente con RD$800 mil y uno de Obras Públicas que ganaba más de RD$900 mil pesos mensuales, todos incluidos en listas de beneficiarios.
El informe también destaca que aunque el Gobierno definió correctamente las instituciones líderes, los criterios de selección y los mecanismos de pago, se identificaron fallas en la supervisión y en la evaluación del impacto real de los programas sociales.
En su conclusión general, la Cámara de Cuentas afirma que pese a la correcta definición de las instituciones responsables y la existencia de un marco legal sólido, “se evidenció deficiencia en la identificación de riesgos, en la inclusión de beneficiarios y en el monitoreo y evaluación del impacto de los programas”.
Como parte de sus recomendaciones, el órgano fiscalizador exhorta al Estado a crear metodologías e indicadores que permitan mayor control y transparencia en la administración de fondos públicos en situaciones de emergencia.
Además, solicita a las instituciones responsables elaborar un plan de acción correctivo en un plazo de 25 días calendario, para garantizar la efectividad de los mecanismos de control y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
