La Procuraduría General de Colombia suspendió por tres meses al canciller, Álvaro Leyva, por posibles irregularidades en la licitación del contrato para producir pasaportes en el país
Bogotá, Colombia — La Procuraduría General de Colombia suspendió este miércoles por tres meses al canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la suspensión de una licitación para escoger a la empresa que se encarga de expedir los pasaportes del país.
El Ministerio Público, organismo que se encarga de investigar a los funcionarios públicos, informó que el canciller Leyva se habría extralimitado en el cumplimiento de sus funciones al declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, transgrediendo, de ese modo, los principios que rigen la contratación estatal.
Además, la Procuraduría dijo que, en segundo lugar, impuso cargos “al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”, informa la Voz de América.
Por estos hechos también se encontraba bajo investigación el secretario del Ministerio de Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, a quien el organismo estatal le archivó el proceso, informa la Voz de América.
El canciller colombiano suspendió el proceso de licitación para escoger a la empresa encargada de expedir los pasaportes el 13 de septiembre de 2023, cuando solo quedaba un solo participante por el contrato, la compañía Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.
Otras empresas se retiraron de la licitación alegando que no existían garantías de libre competencia en la adjudicación del contrato.
En ese momento, de acuerdo con el canciller, se decidió suspender el millonario contrato de pasaportes con el objetivo de garantizar los derechos de eventuales participantes y la defensa de la igualdad de trato y de oportunidades para quienes quisieran competir por ese contrato.
Más tarde, el presidente Gustavo Petro reaccionó, haciendo alusión a su años al frente de la alcaldía de Bogotá, entre 2012 y 2015: “Nos van a suspender ministros, eso ya lo vivimos en Bogotá Humana; que no nos van a dejar gobernar, pues es la mentalidad de quienes están acostumbrados a dejar la gente abandonada y no quieren que haya un ejemplo de demostración de los que es un gobierno popular y democrático”.
No es la primera vez que la Procuraduría ha cuestionado proyectos del actual gobierno o a funcionarios públicos cercanos al presidente. En marzo del año pasado, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico, envuelto en un escándalo porque habría recibido dinero de narcotraficantes, comenzó a ser objeto de investigación disciplinaria por parte de este ente de control.
Asimismo, la entidad constituyó en agosto de 2023 una agencia especial para que intervenga en el proceso que se adelanta contra Gustavo Petro por el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial.
La procuradora Margarita Cabello también ha cuestionado anteriormente la propuesta del gobierno de eliminar ese organismo de control, dentro de un proyecto que incluía una reforma al poder público.
Cabello, además, ha criticado la reforma en el sistema de salud que se está tramitando en el Congreso y advirtió sobre las consecuencias que esta podría conllevar.
