Los ceses al fuego bilaterales son parte de una estrategia del presidente Gustavo Petro para lograr la “paz total”, una propuesta de su gobierno.
Bogotá, Colombia — El gobierno colombiano anunció el miércoles haber logrado un protocolo que permitirá verificar el cese al fuego convenido con una facción de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no se acogió al acuerdo de paz firmado por la guerrilla y el Estado en 2016.
El protocolo era un faltante esencial en el cese al fuego bilateral con las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC-EP, que entró en vigor desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2023, según el gobierno colombiano.
El gobierno también acordó un cese al fuego bilateral con la Segunda Marquetalia —otra facción de las disidencias de las FARC—, las Autodefensas de la Sierra Nevada y el cártel Clan del Golfo, sin embargo, no se han divulgado los protocolos que regirán con dichos grupos armados.
En un comunicado, el gobierno detalló que el protocolo con el Estado Mayor Central de las FARC-EP “prohíbe el tránsito o permanencia” del grupo armado ilegal en las cabeceras de los municipios, las zonas rurales y las vías primarias para evitar “cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil” , informa la Voz de América.
El mecanismo de verificación y monitoreo del cese al fuego incluirá delegados del ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y un componente internacional, que no fue detallado por el gobierno. También contará con el acompañamiento de miembros de la sociedad civil, la Iglesia católica y otras comunidades religiosas.
Ese mecanismo, explicó el gobierno, emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos.
