Es difícil saber cuáles serían las consecuencias de una sentencia contra el aborto en el Supremo, pues los frentes en ambas partes del debate son igualmente fuertes.
Washington, Diana Negre*
Dentro y fuera de Estados Unidos, la filtración de lo que podría ser una sentencia del Tribunal Supremo para eliminar la ley actual del aborto, ha sido recibida con sorpresa ante lo que parece una marcha atrás en los derechos reproductivos, o con alivio entre las organizaciones y personas que consideran inviolable el derecho a la vida desde el momento de su concepción.
Los frentes políticos se han endurecido y tantos los partidarios como los enemigos de la legalidad del aborto proyectan ya una dilatada y amarga lucha con consecuencias electorales en el próximo mes de noviembre.
Cuando en el resto del mundo industrializado es generalmente una práctica permitida, puede sorprender la virulencia del debate norteamericano y sus posibles consecuencias políticas: las defensoras del aborto argumentan que su vientre es cuestión privada y lo que hagan con su contenido es decisión exclusivamente propia, algo que rechazan indignados los que entienden el aborto como el asesinato de una vida humana indefensa.
Y realmente hay una diferencia entre la legislación al respecto en Estados Unidos y la mayoría de los demás países: los 535 senadores y congresistas encargados de redactar las leyes del país, traspasaron su responsabilidad al Tribunal Supremo, donde hace casi medio siglo los magistrados decidieron que las mujeres tenían un derecho constitucional a abortar.
Para los legisladores, la sentencia les quitó un peso de encima: ni los proaborto tenían que defenderse cuando les acusaban de matar niños, ni los anti aborto debían afrontar el oprobio y el ridículo de quienes los consideran retrógrados.
Las leyes norteamericanas, como en las demás democracias parlamentarias, se debaten y aprueban en el Congreso, en un proceso a veces muy largo porque es necesario que las aprueben las dos cámaras, antes de que la versión final llegue a la mesa del presidente para que la firme. El jefe del ejecutivo tiene así la posibilidad de rechazar cualquier ley con un veto, aunque este derecho no es absoluto porque los legisladores tienen aún la posibilidad de votar para anular el veto presidencial si tienen una mayoría de dos tercios.
Pero en este caso, las divisiones de la sociedad norteamericana en torno al aborto parecían insuperables y la solución fue obviar el proceso legislativo y poner la patata caliente en manos de los magistrados del Supremo, quienes decidieron en 1973 que existe un derecho constitucional a abortar en los primeros tres meses de embarazo.
Como la Constitución norteamericana pone las leyes federales por encima de las estatales, todo el país tuvo que aceptar esta decisión. Así, los estados que ya garantizaban el derecho al aborto se vieron confirmados en su decisión y los otros tuvieron que aceptar la sentencia del Supremo.
Pero la división en torno a esta cuestión nunca quedó superada y en el caso medio siglo desde aquella sentencia, ambos frentes se han ido enfrentando regularmente. Pero lo han hecho en las calles y en los comentarios de la prensa, nunca en el lugar apropiado para redactar leyes, que es el Congreso.
Ahora, en el Supremo hay una mayoría conservadora muy amplia, de 6 a 3, lo que hace muy difícil a los magistrados progresistas imponer su criterio. Cinco de los 6 conservadores suscriben la posición del juez Samuel Alito de que la sentencia “Roe vs Wade” que se convirtió en la ley del aborto, fue una aberración legal y que la cuestión ha de volver a donde le corresponde, es decir, a los 50 estados.
En algunos, como Nueva York o California, les mujeres tienen un derecho prácticamente garantizado a abortar, y no solo en los primeros tres meses sino incluso momentos antes del parto. En poco menos de la mitad, el aborto sería ilegal, pero las mujeres podrían viajar a cualquier de los estados que lo permiten y no se verían perseguidas a su regreso.
La sentencia del Supremo debe hacerse pública en su versión final dentro de dos meses, cuando faltarán poco más de cuatro para las elecciones legislativas, en que los demócratas corren el riesgo de perder su escasa mayoría en ambas cámaras.
Ahora, estos demócratas confían en que la indignación femenina ante un recorte de sus derechos reproductivos hará el milagro de cambiar el voto de noviembre.
Es difícil saber cuáles serían las consecuencias de una sentencia contra el aborto en el Supremo, pues los frentes en ambas partes del debate son igualmente fuertes. Pero sea cual sea la posición en torno a la sentencia, los demócratas difícilmente la aprovecharán electoralmente: su presidente Joe Biden tan solo tiene un cierto apoyo entre el 43% de la población y un apoyo “entusiasta” del 25%, mientras que el 43% siente el mismo “entusiasmo” en su contra.
A la hora de votar en noviembre contará más la inflación galopante, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios o el precio desbordado de la gasolina.
*Diana Negre, periodista, escritora, editora, veterana excorresponsal en la Casa Blanca de múltiples medios en Europa y América Latina.
