La procuradora de corte, Yoanna Bejarán, resalta la gravedad de la acusación contra los procesados por un delito de criminalidad transnacional.
Santo Domingo, República Dominicana – El Ministerio Público logró este lunes que un tribunal impusiera prisión preventiva por 18 meses en contra de once imputados de trata de personas con fines de explotación sexual arrestados con la Operación Cattleya.
Otros siete imputados recibieron otras medidas de coerción por su vinculación a esa actividad ilegal enfrentada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT).
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la prisión preventiva a los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), Oscar Wicene, María Paula Murillo Vargas, Cristina Virginia González Hernández, Angélica Jhoana Quintero Niño, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Zafiro Nataly Sánchez González y al sargento Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
El tribunal dispuso el cumplimiento de la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo, así como en los centros penitenciarios de Higüey, en la provincia La Altagracia, Najayo Mujeres, en San Cristóbal, y en Operaciones Especiales.
A los imputados Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee le fue impuesta la presentación de una garantía económica de un millón de pesos, en tanto que una garantía económica de RD$500 mil para Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores) y Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), a quienes además le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.
Mientras que a Melvin José Valentín Peguero le fue impuesta presentación periódica, además de impedimento de salir del país.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán, responsable de la PETT, dijo que la decisión de la juez Kenya Romero también declara el proceso de tramitación compleja, “por entender que estamos frente a un proceso de criminalidad transnacional y que realmente se ha demostrado en la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público la pertinencia y la gravedad de la investigación”.
“En consecuencia ha decidido imponer prisión preventiva a once de los imputados, de los 18 que el Ministerio Público solicitó esta medida de coerción y ha impuesto garantía económica que oscila desde el millón de pesos, impedimento de salida, presentación periódica, así como otras medidas adicionales a siete de los implicados”, detalló.
Respecto a las empresas contra las que habían solicitado la medida cautelar de clausura provisional, dijo que la juez entendió que en esta etapa del proceso no era necesario decidir al respecto.
En ese sentido, dijo “la juez decidió que el Ministerio Público continuara con la investigación y más adelante podemos solicitarlo administrativamente o lo que entendamos pertinente”.
Los hoteles involucrados en el proceso son Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
El Ministerio Público puso en marcha el pasado jueves 4 de agosto la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
