El gobierno de Ecuador anunció el fin del acuerdo con un consorcio chino-canadiense para la administración del campo petrolero Sacha, el más grande del país, después de solo nueve días de haberlo adjudicado sin licitación
Quito, Ecuador — El gobierno de Ecuador pone fin al acuerdo con el consorcio chino-canadiense para administrar el campo petrolero Sacha, tras solo 9 días de haberlo adjudicado sin licitación.
Nueve días después de adjudicar sin concurso ni licitación, y en medio de protestas, el campo petrolero más grande de Ecuador a una empresa de participación China, el gobierno anunció el miércoles que dio por terminado el acuerdo aduciendo que el consorcio no había pagado un anticipo de 1.500 millones.
El acuerdo preliminar sobre el campo Sacha, en la Amazonía ecuatoriana, contemplaba que un consorcio chino-canadiense lo administraría por 20 años y pagaría a Ecuador un bono inicial de 1.500 millones de dólares, informa nuestra aliada de medios, la Voz de América.
El plazo para pagar terminaba el martes, pero según la ministra de Energía, Inés Manzano, el dinero no fue transferido. “El plazo era hasta las 9 de la noche, a las nueve y un minuto no hubo el tema de la prima”, detalló el miércoles al canal de televisión Ecuavisa.
“No hay nada más que hablar, sencillamente el plazo se les venció”, recalcó.
Ecuador había llegado a un acuerdo preliminar con el consorcio, integrado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L, subsidiaria de la china Sinopec, y Petrolia Ecuador, filial de la canadiense New Stratus Energy, aunque de por medio no hubo licitación ni concurso internacional, lo que generó críticas por parte de varios sectores políticos y gremiales.
La tarde del martes, medio centenar de personas de grupos de izquierda, sociales y sindicales realizaron una protesta pacífica frente al ministerio de Energía, en el norte de la capital, para rechazar la adjudicación de Sacha a ese consorcio.
El analista Pablo Dávalos, catedrático de la universidad Católica de Quito, afirmó a The Associated Press que la decisión gubernamental tiene que ver con que “la presión social fue muy fuerte, la que empezó a afectar aún más la reputación electoral en plena campaña presidencial”.
